La inversión pública en TIC se reactiva en el primer semestre del año
Ésta se acerca a los 1.400 millones de euros según los datos de AdjudicacionesTIC. Desde la plataforma creen que el crecimiento en licitaciones es fruto de la nueva Ley de Contratos para el Sector Público, aprobada en marzo.
La nueva Ley de Contratos para el Sector Público, aprobada el pasado 9 de marzo, parece haber insuflado oxígeno a los proyectos TIC de la Administración. Así lo concluye el último informe elaborado por la plataforma de análisis y consultoría AdjudicacionesTIC, que muestra que hasta el día previo a la entrada en vigor de la nueva ley se licitaron 2.079 proyectos, es decir, casi un 200% más que en el mismo período del año 2017, mientras que los proyectos licitados durante la primera mitad de 2018 han supuesto una inversión pública positiva de 78 millones de euros más que en los seis primeros meses de 2017.
En total, la inversión realizada durante el primer semestre de 2018 ha alcanzado los 1.394 millones de euros para un total de 3.600 adjudicaciones. En estos meses han destacado, a la hora de invertir, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (más de 82 millones de euros); la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE (más de 46 millones de euros); el Ministerio de Justicia (más de 43 millones de euros); la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Valencia (más de 41 millones de euros); la AEAT (más de 41 millones de euros); Red.es (más de 35 millones de euros); y el SEPE (más de 35 millones de euros).
Los licitadores más importantes han sido Telefónica, con 105 proyectos por un importe de más de 138 millones de euros; Indra, con 81 proyectos por un valor de más de 56 millones; e Iecisa con 95 proyectos por un importe superior a 56 millones de euros.
Ismael Moreno, socio director de AdjudicacionesTIC, recalca que “la entrada en vigor de la Ley de Contratos Públicos el pasado 9 de marzo ha marcado, sin duda, las licitaciones de esta primera mitad del año”. El portavoz no duda en afirmar que la nueva legislación “ha dinamizado el mercado y ha supuesto un cambio en la filosofía de contratación y de relación con la Administración, ya que se elimina la premisa de la oferta más económica para potenciar la calidad como criterio de adjudicación”.
