UMTS se congela
Los desastrosos resultados de las operadoras de telecomunicaciones europeas, causados por las inversiones en UMTS, ha provocado la congelación de los proyectos 3G fuera de sus fronteras. Desde la UE, y, desde España, con Piqué, se trata de aportar un balón de oxígeno a las ruinosas compañías.
Telefónica, la operadora española, ha sido la primera en anunciar la congelación de los proyectos UMTS en los que estaba envuelta a través de consorcios con otras operadoras fuera de su país. La operadora ha decidido seguir adelante solamente con el negocio en España después de la presentación de resultados el pasado mes de julio correspondientes al primer semestre de 2002 que han arrojado unas pérdidas de 5.574 millones de euros frente a los 1.148,6 millones obtenidos como beneficios netos en los seis primeros meses de 2001. Pérdidas, que según la propia compañía, tienen su origen en las fuertes inversiones (casi 6.000 millones de euros) que ésta ha realizado en las licencias UMTS que tiene en Alemania e Italia con los consorcios Quam e Ipse, respectivamente.
Junto a ella otros operadores europeos han tomado la misma decisión, todos afectados por las fuertes pérdidas que les ha acarreado su negocio UMTS en el extranjero, salvándose de la criba solamente Telecom Italia y Portugal que decidieron no participar en la subasta de licencias fuera de sus países de origen. Así, Sonera, operadora finlandesa que operaba en Alemania a través de Quam junto a Telefónica, ha anunciado la congelación de su proyecto tras el anuncio de la operadora española. KPN, la compañía holandesa, por su parte, también tomaba la misma decisión respecto a sus participaciones en Alemania y Bélgica tras anunciar unas pérdidas de 9.000 millones de euros frente a los 499 millones de pérdidas del primer semestre de 2001. Por último, Orange, filial de France Telecom, ha dejado en el aire sus proyectos en Suecia y Dinamarca y ha revisado su estrategia en Alemania donde opera con MobilCom, operadora del país que tras la retirada de apoyo de la operadora francesa (que tenía un 28,5 por ciento de participación) se ha declarado en ruina, encontrándose al cierre de esta edición a la espera de que el Gobierno alemán pudiese inyectarle los 400 millones de euros que necesita para evitar su desaparición. Situación que a su vez ha venido provocada por la situación financiera de France Telecom que el pasado mes de julio registró las mayores pérdidas de su historia, cifradas en 12.176 millones de euros.
Opciones para salir de la crisis
Frente a esta desastrosa situación los poderes públicos, gobiernos nacionales y la propia Comisión Europea, han empezado a mover los hasta ahora petrificados hilos que apretaban las tuercas de los operadores embarcados en proyectos UMTS, aunque, de momento, solamente se trata de “buenas intenciones”, como señala, Javier Marzo, asociado senior del grupo de telecomunicaciones de Garrigues. Las opciones propuestas o solicitadas por los operadores son varias, pero ninguna es fácil de llevar a cabo tanto desde un punto de vista técnico como jurídico.
Entre las opciones que se barajan se encuentra la venta de licencias, la venta de espectro radioeléctrico asignado a cada operador, la renuncia a la licencia y la compartición de infraestructuras. Junto a estas opciones, otras, aunque no solucionarían el problema, supondrían un alivio para las ahogadas operadoras como puede ser la flexibilización del periodo de duración de las licencias y el levantamiento de avales o al menos el suavizar sus condiciones.
Respecto a la venta de licencias Marzo señala que es una cuestión que “está por ver porque las licencias en cada caso varían, en el caso español son transmitibles, pero tienen limitaciones al necesitar un acuerdo previo por parte de la administración”. Jaime García, consultor de telecomunicaciones de IDC, por su parte, apunta que “cuando se hace subasta de licencias no se sabe si se pueden vender o no. Más que ilegal es una cuestión alegal por lo que juegan un papel importante los órganos reguladores”. A estas dificultades se suma el hecho de que ante las malas expectativas del mercado y la mala experiencia vivida por los operadores con el negocio UMTS no muchas empresas van a estar interesadas en adquirir las licencias “ni al precio que se pagaron ni a otros precios tampoco”, apunta García.
Una segunda opción, la venta de espacio radioeléctrico, es todavía más complicada ya que conlleva problemas técnicos por ser un bien limitado y porque puede haber problemas con el cruce de licencias, como explica el consultor de IDC. Además, desde el punto de vista legal, dice Marzo, lo que prima es la licencia para la prestación de soporte, con lo que volvemos al problema de origen de la venta de éstas y “ahora mismo no hay nadie en el mercado que esté dispuesto a pagar lo que pagaron los operadores”.
Por lo que quedaría una tercera, la más dramática, pero recomendable antes de seguir perdiendo dinero, se trata de la renuncia a la licencia, que según Datamonitor es más rentable para los operadores que seguir invirtiendo en un negocio que en el mejor de los casos, según un estudio encargado a la consultora McKinsey por la Comisión Europea, sitúa su rentabilidad en 11 años. En este sentido, señala Marzo, que depende de los casos hasta cierto punto el estado estaría obligado a devolver al operador el dinero que se pagó por la licencia: “hay argumentos jurídicos que respaldan q
Telefónica, la operadora española, ha sido la primera en anunciar la congelación de los proyectos UMTS en los que estaba envuelta a través de consorcios con otras operadoras fuera de su país. La operadora ha decidido seguir adelante solamente con el negocio en España después de la presentación de resultados el pasado mes de julio correspondientes al primer semestre de 2002 que han arrojado unas pérdidas de 5.574 millones de euros frente a los 1.148,6 millones obtenidos como beneficios netos en los seis primeros meses de 2001. Pérdidas, que según la propia compañía, tienen su origen en las fuertes inversiones (casi 6.000 millones de euros) que ésta ha realizado en las licencias UMTS que tiene en Alemania e Italia con los consorcios Quam e Ipse, respectivamente.
Junto a ella otros operadores europeos han tomado la misma decisión, todos afectados por las fuertes pérdidas que les ha acarreado su negocio UMTS en el extranjero, salvándose de la criba solamente Telecom Italia y Portugal que decidieron no participar en la subasta de licencias fuera de sus países de origen. Así, Sonera, operadora finlandesa que operaba en Alemania a través de Quam junto a Telefónica, ha anunciado la congelación de su proyecto tras el anuncio de la operadora española. KPN, la compañía holandesa, por su parte, también tomaba la misma decisión respecto a sus participaciones en Alemania y Bélgica tras anunciar unas pérdidas de 9.000 millones de euros frente a los 499 millones de pérdidas del primer semestre de 2001. Por último, Orange, filial de France Telecom, ha dejado en el aire sus proyectos en Suecia y Dinamarca y ha revisado su estrategia en Alemania donde opera con MobilCom, operadora del país que tras la retirada de apoyo de la operadora francesa (que tenía un 28,5 por ciento de participación) se ha declarado en ruina, encontrándose al cierre de esta edición a la espera de que el Gobierno alemán pudiese inyectarle los 400 millones de euros que necesita para evitar su desaparición. Situación que a su vez ha venido provocada por la situación financiera de France Telecom que el pasado mes de julio registró las mayores pérdidas de su historia, cifradas en 12.176 millones de euros.
Opciones para salir de la crisis
Frente a esta desastrosa situación los poderes públicos, gobiernos nacionales y la propia Comisión Europea, han empezado a mover los hasta ahora petrificados hilos que apretaban las tuercas de los operadores embarcados en proyectos UMTS, aunque, de momento, solamente se trata de “buenas intenciones”, como señala, Javier Marzo, asociado senior del grupo de telecomunicaciones de Garrigues. Las opciones propuestas o solicitadas por los operadores son varias, pero ninguna es fácil de llevar a cabo tanto desde un punto de vista técnico como jurídico.
Entre las opciones que se barajan se encuentra la venta de licencias, la venta de espectro radioeléctrico asignado a cada operador, la renuncia a la licencia y la compartición de infraestructuras. Junto a estas opciones, otras, aunque no solucionarían el problema, supondrían un alivio para las ahogadas operadoras como puede ser la flexibilización del periodo de duración de las licencias y el levantamiento de avales o al menos el suavizar sus condiciones.
Respecto a la venta de licencias Marzo señala que es una cuestión que “está por ver porque las licencias en cada caso varían, en el caso español son transmitibles, pero tienen limitaciones al necesitar un acuerdo previo por parte de la administración”. Jaime García, consultor de telecomunicaciones de IDC, por su parte, apunta que “cuando se hace subasta de licencias no se sabe si se pueden vender o no. Más que ilegal es una cuestión alegal por lo que juegan un papel importante los órganos reguladores”. A estas dificultades se suma el hecho de que ante las malas expectativas del mercado y la mala experiencia vivida por los operadores con el negocio UMTS no muchas empresas van a estar interesadas en adquirir las licencias “ni al precio que se pagaron ni a otros precios tampoco”, apunta García.
Una segunda opción, la venta de espacio radioeléctrico, es todavía más complicada ya que conlleva problemas técnicos por ser un bien limitado y porque puede haber problemas con el cruce de licencias, como explica el consultor de IDC. Además, desde el punto de vista legal, dice Marzo, lo que prima es la licencia para la prestación de soporte, con lo que volvemos al problema de origen de la venta de éstas y “ahora mismo no hay nadie en el mercado que esté dispuesto a pagar lo que pagaron los operadores”.
Por lo que quedaría una tercera, la más dramática, pero recomendable antes de seguir perdiendo dinero, se trata de la renuncia a la licencia, que según Datamonitor es más rentable para los operadores que seguir invirtiendo en un negocio que en el mejor de los casos, según un estudio encargado a la consultora McKinsey por la Comisión Europea, sitúa su rentabilidad en 11 años. En este sentido, señala Marzo, que depende de los casos hasta cierto punto el estado estaría obligado a devolver al operador el dinero que se pagó por la licencia: “hay argumentos jurídicos que respaldan q
