Negocio | Noticias | 09 MAR 2018

Así afecta la nueva ley de contratos públicos al sector tecnológico

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, un escrito que, bajo el mandato europeo, promete más flexibilidad y transparencia a los procesos de licitación.
legislacion
M. Moreno

 

“El mensaje de Europa está bien claro; hemos bajado la calidad de la contratación pública”. Son palabras de Pablo Arellano, director general de racionalización y centralización de la contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, quien explicó de esta manera, durante el evento que Adjudicaciones TIC organizó el pasado 21 de febrero, los motivos del cambio de las Directivas comunitarias y su transposición en la nueva Ley de Contratos del Sector Público que es efectiva desde hoy, día 9 de marzo. El escrito, explicó, supone un cambio en la filosofía ya que se elimina la premisa de la oferta más económica para potenciar la calidad como criterio de adjudicación. Este nuevo baremo se sostiene sobre cuatro pilares como son la innovación, una mayor accesibilidad para la pyme mediante la simplificación de los trámites, criterios sociales y ambientales. Todo con el objetivo de dotar al proceso de mayor transparencia. Éste se realiza ya a través de un “sistema dinámico” totalmente electrónico y con una duración limitada.

Lógicamente, la nueva ley ha tocado de lleno al sector tecnológico, no solo porque en el ámbito público se está produciendo un incremento de la dependencia de las infraestructuras de TI que han derivado en una importante crecida, por ejemplo, de la oferta basada en la nube pública, sino porque incide en la flexibilización de las capacidades TI según las necesidades para el sector público. “De cara a la industria la principal novedad es la apuesta por la innovación”, explica Ismael Moreno, socio fundador de Adjudicaciones TIC. “Se ha creado una nueva fórmula de administración, la asociación para la innovación, que permitirá llevar a cabo proyectos conjuntos entre el sector público y el privado, garantizando en la medida de lo posible la contratación de resultados en el caso de que sean satisfactorios”. Desde hace ya varios años, la Administración contrata principalmente servicios de mantenimiento y outsourcing, con más del 50% del presupuesto asignado a estas compras. En cuanto a productos, demanda microinformática y telecomunicaciones.

Y, a efectos prácticos, ¿motivará realmente la transparencia la nueva normativa? “Esta apuesta se verá reflejada en varias de las medidas que incluye, como la publicidad de los contratos menores o la limitación de los contratos con el mismo proveedor”, asevera Moreno

Podrá leer un análisis completo de la nueva ley en el próximo número de ComputerWorld.

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