Nuevo freno a la Administración sin papel

El pasado 31 de agosto el Consejo de Ministros aprobaba la prórroga de una normativa que debía entrar en vigor este mes de octubre con el fin de hacer realidad la llamada Administración sin papeles. El decreto ley con el que se ha retrasado dos años la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se publicaba ayer en el BOE y, con ello, se frenaban también las novedades relativas al registro electrónico de apoderamientos, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la administración y el archivo único electrónico.

Desde Astic, la asociación que agrupa al cuerpo superior de funcionarios TIC del Estado, se han apresurado a alertar en un comunicado que si bien “el Real Decreto-ley no aplaza la administración electrónica, sí dilata algunos de los elementos clave para una auténtica ‘administración sin papel’ (que no administración digital)”.

En el escrito Astic observa que prefiere no entrar a analizar (aunque sí lo menciona) si es adecuada o no la fórmula elegida para prorrogar esta normativa (usando un decreto ley) y el momento temporal para hacerlo (“a un mes vista de la entrada en vigor de la disposición aplazada”) pero sí se centra en otros aspectos.

Incide en que las leyes 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se consideran “como una iniciativa de transformación de las administraciones públicas" por su génesis y por su implantación. En la génesis de las leyes, continúa el comunicado, no ha habido una previsión de los recursos necesarios ni del mecanismo preciso para la gobernanza y seguimiento de su puesta en marcha. Algo “asombroso” según la asociación, que apunta que “no es posible afrontar un proceso de transformación de todas las administraciones públicas, en el que confluyen aspectos organizativos, tecnológicos y relacionales y que conllevaba necesariamente tanto la colaboración entre niveles administrativos como la obligada alineación, homogeneización e interoperabilidad de elementos normativos y soluciones tecnológicas de todos ellos, sin una planificación de recursos (humanos y económicos) a la altura del objetivo perseguido”. Una planificación que también habría sido un mecanismo para la gobernanza y el seguimiento del proceso de implantación.

“En lugar de esto –apuntan desde Astic– se optó por un plazo de entrada en vigor diferido en un año o en dos para aquellos aspectos que, en el momento de la redacción de la ley ya se sabía que eran difíciles de llevar a cabo. Y un año de plazo para la adecuación de la normativa estatal, autonómica y local. O sea, tiempo, como medicina que todo lo cura.  O como ejemplo de la filosofía ‘cuando llegue la fecha ya veremos”.

Falta de liderazgo político

Respecto a la implantación de ambas leyes “desde el momento en que en su génesis no se incorporó una adecuada previsión de recursos, fiándolo todo a ‘los recursos disponibles’, y tampoco se estableció un mecanismo para su dirección y seguimiento, hubiera sido milagroso que dicho proceso de implantación hubiera sido un éxito”, añade.

“Si al menos dentro de la Administración General del Estado hubiera existido un claro y decidido liderazgo político del proyecto, al menos los avances habrían sido sólidos y conocidos. No ha sido así, ni mucho menos”, sentencia el escrito, que apostilla que “desde el principio, se ha trasladado la idea de que con publicar las leyes en el BOE la labor directiva estaba cumplida y que el resto era un ‘problema técnico’ a resolver por los departamentos TIC y un problema de ‘aprender nuevas herramientas informáticas’ por parte del resto de unidades gestoras”.

La prórroga, ¿una patata caliente para el próximo Gobierno?

Para el equipo de Astic, liderado por Lucía Escapa, lo grave de todo esto es que nunca se ha hecho un análisis profundo del impacto de la digitalización en las personas, en su forma de trabajar y en las competencias necesarias para asumir ese impacto, ni ha habido un plan de gestión del cambio, ni "un verdadero análisis multidisciplinar del impacto de las previsiones teóricas de ambas leyes sobre la normativa preexistente, las soluciones tecnológicas disponibles y la competencia de otras administraciones, tanto en el aspecto normativo como en su papel para adoptar unas soluciones u otras”. Es más, “si desde el presidente del Gobierno hacia abajo y desde el 2 de octubre de 2016 todos se hubieran negado a firmar nada en papel… a lo mejor no habría hecho falta esta prórroga”.

De cara al futuro, señalan desde Astic, lo que importa ahora es que “esta prórroga no sea el modo de pasarle la patata caliente al próximo Gobierno, sea el que sea. Si esta medida ha llegado a ser imprescindible (y los hechos parecen indicarlo) deberíamos prestar atención a los motivos que la han generado y adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición, tanto para el 1 de octubre de 2020 como para otras fechas”.

Para Astic, es clave dedicar recursos proporcionados a los objetivos; “y si no se pueden destinar recursos extraordinarios, entonces priorizar”. Y, por supuesto, “establecer mecanismos de gobernanza y seguimiento del proceso, que mida, evalúen, informen y gestionen. Colaborar con el resto de actores implicados.  Gestionar el cambio organizativo y de las personas. Desarrollar a la vez y de manera integrada los instrumentos legales y organizativos y las soluciones tecnológicas”.

Por su parte, desde el Consejo General de Ingeniería Informática se han sumado a esta opinión: "Rechazamos este aplazamiento al suponer un importante retraso en los avances tecnológicos de la administración pública. Consideramos un error el retraso aprobado por el ejecutivo en la agenda digital, pues no es una cuestión de falta de recursos por parte de las administraciones públicas si no una ausencia de disposición en la aplicación de las tecnologías informáticas".