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Por qué Google se resiste a asumir la multa interpuesta por Bruselas

Más que la cantidad récord de la sanción, a la compañía de Mountain View le duele que se le reproche que está actuando en contra de los intereses de los usuarios.

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A vueltas con la sanción más alta de la historia impuesta por Bruselas por cuestiones antimonopolio, Google sigue convencida de que no ha infringido las leyes de competencia. Lo demuestra el hecho de que ha recurrido la multa por valor de 2.424 millones de euros interpuesta el pasado 27 de junio. El contencioso, que se inició hace ya siete años y medio con Joaquín Almunia como comisario, determinó que Google ha abusado de su posición dominante al favorecer sus productos y servicios frente a los de la competencia a través de su plataforma Google Shopping. Éste es una suerte de comparador de precios que la compañía habría utilizado para priorizar su marca. A priori, y con una exposición sencilla y clara de los argumentos, la Comisión Europea evidencia el error del buscador y parece querer anticipar otros que podrían seguirlo. Pero, ¿por qué Google se resiste a capitular?

En primer lugar, explica Sönke Lund, socio responsable del área de derecho en competencia y comercio en Monereo Meyer Marinel-lo Abogados, que fue hace ya más de diez años cuando surgieron portales para la comparativa de productos que se colocaron en las primeras posiciones de las búsquedas, donde hoy en día ya no están. Pero Google anuncia, de forma muy destacada, su propia comparativa de precios en la lista de resultados. “La Comisión entiende que esta forma de actuar no es justa y lleva a sus competidores a la insignificancia”, afirma. “Sin embargo, el importe de la multa no es tan relevante en sí, sino más bien el hecho que se está penalizando”.

Hay que tener en cuenta que Google es uno de los principales gigantes de la industria tecnológica mundial que, tal y como cuenta Lund, con un concepto sencillo como es el de a una pregunta se obtiene una respuesta justa, ha conseguido afianzarse como una de las empresas más ricas. “Todos en Google trabajan con este compromiso: ‘googlear’ implica algo positivo para el usuario, por lo que lo más doloroso de esta resolución para la organización es que se le reproche que está actuando en contra de los intereses de los usuarios”, asevera.

El proceso sancionador comenzó en 2009. Una de las preguntas que acecha a la firma es por qué no tomo medidas para evitar dicha multa. De hecho, y en los días previos al anuncio, los rumores de tamaña cantidad habían llevado a la organización a intentar rebajarla dejando de explotar las cuentas de Gmail de los usuarios con el fin de ofrecer publicidad personalizada. En este caso, el proceso ha llevado más tiempo que otros pues, cuenta Lund, si un monopolista cobra precios abusivos a sus clientes se puede comprobar a través de datos contables y la comparación de servicios parecidos. “Las cosas han sido diferentes, Bruselas tenía que valorar si un algoritmo complejo discriminaba, intencionadamente, determinados proveedores de portales de comparativas de precios, y si de los datos proveídos por las empresas afectadas y por la misma Google se podía desprendeer con claridad la manipulación de datos”, dice Lund. “El volumen de datos era muy elevado. Entre otros parámetros, se analizaron 1.700 millones de búsqueda, cómo influía el descenso de una página web  a la parte inferior de la búsqueda, así como las consecuencias económicas para los portales de comparativas debidos a la ‘degradación’ por parte de Google”.



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