El uso de software no autorizado, a juicio

Cerca de 80 ordenadores, entre servidores y puestos de trabajo, fueron registrados simultaneamente en las sedes del grupo empresarial en Madrid y Valencia el Pasado 7 de marzo, y se detectó software presuntamente no autorizado de diversas empresas integrantes de BSA. Un informador, a través de la Web BSA, puso en aviso a los investigadores, y tras la obtenición de una autorización de registro se realizó la inspección.

Las empresas investigadas, Etralux S.A, Electronic Trafic S.A, y Etra Investigación y Desarrollo S.A, han alcanzado un acuerdo con BSA para regularizar de forma completa su situación, mediante el pago de la correspondiente indemnización, la adquisición de programas originales y la completa eliminación de copias no autorizadas de sus sistemas informáticos.

“Las empresas que utilizan software sin licencia se exponen a una serie de riesgos muy graves. Si se detecta que una organización está usando software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro, lo que también puede derivar en significativos gastos adicionales - no planificados”, ha señalado Carlos Pérez, Socio de ECIJA, la firma legal de BSA en España.

“Otra serie de problemas derivados de la utilización de software sin licencia son la pérdida de datos, fallos críticos del sistema o una mayor exposición a ataques de virus informáticos y malware, así como daños a la reputación de la compañía. Una gestión prudente de los activos de software es crucial”, ha añadido Pérez.

Según el último estudio de IDC, el 44% del software utilizado en los PCs españoles es ilegal, con un coste de 874 Millones de Euros. BSA alcanzó un nuevo récord de registros contra empresas españolas por uso de software ilegal en 2013, con un incremento del 32% en comparación con 2012. Las empresas investigadas por uso de software sin licencia en nuestro país tuvieron que pagar alrededor de 715.000 Euros en 2013, consecuencia de las 212 acciones legales que llevó a cabo BSA el año pasado, un 30% más que el año anterior.