La desconfianza de los europeos podrían debilitar el "derecho al olvido" de la UE

La gran mayoría de los consumidores españoles (88%) afirma estar en contacto con tantos organismos y empresas, tanto online como offline, que ya no saben quién tiene información sobre ellos. Es uno de los datos que se desprenden de la encuesta realizada por Iron Mountain entre 1.257 adultos de Alemania, Francia, España, Países Bajos y Reino Unido.

La propuesta de la UE para la protección de los datos y de la privacidad se basa en el convencimiento de que la protección de la información personal es un derecho fundamental para todos los europeos. Cualquier organización que fracase en hacer todo lo posible para respetar este derecho podría enfrentarse a sanciones de hasta el 2% de su facturación global. Con los cambios propuestos por la nueva ley europea, los consumidores podrán pedir a las empresas que tienen información sobre ellos que la eliminen.

Sin embargo, aproximadamente tres de cuatro consumidores en España (72%) no están convencidos de que los beneficios resultantes de que su información sea eliminada compensen las molestias de solicitar que así se haga. Además, un 80% considera que la empresa no responderá a la petición, aunque asegure haber eliminado los datos.

“Casi todo lo que hacemos genera un rastro de información que puede ser recogida, procesada y potencialmente compartida. Las empresas que recogen esta información necesitan gestionarla cuidadosamente y protegerla de forma segura. Las reformas propuestas por la UE para la protección de datos son un buen paso inicial para proteger mejor a los consumidores”, ha comentado Ignacio Chico, Director General de Iron Mountain España. “Sin embargo, nuestro estudio sugiere que la actitud de los consumidores se ha modificado desde los primeros borradores de esta ley, como consecuencia de la ola de temor relacionada con los datos sobre consumidores en 2011. Los consumidores hoy no tienen problema alguno en compartir detalles sobre su vida laboral y social en Internet, pero no confían en que las empresas vayan a borrar realmente sus datos personales, si así lo solicitan a las mismas. Las empresas pueden mitigar este pesimismo informando a los consumidores sobre cuáles son sus políticas y prácticas”.

Existe una considerable confusión sobre el tipo de información susceptible de ser eliminada. La mayoría de los encuestados españoles cree que tienen derecho a pedir que se elimine su información personal (91%), información financiera (58%) y correos electrónicos (58%). Pero menos de la mitad amplía este derecho a las conversaciones telefónicas grabadas (41%) o los posts en redes sociales (34%).

Solo un 30% cree que la información en papel (como cartas o formularios cumplimentados) están cubiertos por las leyes de protección de datos, a pesar del hecho de que el 66% de los consultados creen que la información en papel es más fácil de destruir que la información digital que se tiene sobre ellos.