Gobiernos y reguladores podrían poner en riesgo el despliegue exitoso de 5G

Cuando se habla de la llegada del 5G hay varias actitudes: las que apuntan a que será un antes y un después en las comunicaciones y las que mantienen una cierta reserva sobre su impacto real. Las previsiones de las consultoras apuntan a que tendrá importante relevancia económica, con unos ingresos estimados para las operadoras de 300.000 millones de dólares en 2025. Esto, claro está, si no hay ningún obstáculo en el camino, algo que, según advierten desde la GSMA, podría suceder. 

Para la asociación de operadoras y organizaciones del ecosistema móvil, el éxito del lanzamiento de servicios 5G está supeditado a que las telecos tengan el acceso oportuno a la cantidad y el tipo de espectro correctos en el próximo año. Una situación en la que están implicados los agentes de la industria, gobiernos y reguladores. En España, por ejemplo, el pasado mes de julio se realizó la primera subasta pública de frecuencias, y aunque no hay fechas para la siguiente, se espera que se realice a lo largo del próximo año. 

En un documento común, la GSMA advierte que las diferencias entre las pujas por países podría traducirse en una brecha en la calidad, alcance y velocidad de los servicios 5G según el territorio en el que se opere. Esto se debe a las variantes en la cantidad de espectro asignada, el coste y las condiciones para su acceso que se están estableciendo en cada región. Para la asociación, los primeros adoptantes de la próxima generación de redes están mejor posicionados a la hora de que la implantación del estándar se traduzca en beneficios socioeconómicos, que abarcan desde su impacto en el PIB al desarrollo de smart cities. GSMA Intelligence calcula en 1.300 millones las conexiones 5G para 2025, aunque el dato podría variar en función del acceso de las telecos al espectro.

En el informe, denominado Posición de la política pública de la GSMA sobre el espectro 5G, se establecen cinco puntos clave para gobiernos y reguladores. En primer lugar, reclaman bandas de frecuencia más anchas para soportar velocidades más altas y mayores cantidades de tráfico. Ponen como ejemplo idóneo un espectro de 80-100 MHz por operador en bandas medias de 5G, con 3,5GHz, y alrededor de 1 GHz por operador en bandas de ondas milimétricas vitales; esto es, por encima de 24 GHz.

En relación a esto, se establece que el 5G necesita espectro dentro de tres rangos de frecuencia clave, si se quiere lograr una cobertura completa. Estos serían el rango sub-1GHz, con el que extender la cobertura de banda ancha móvil 5G de alta velocidad en áreas urbanas, suburbanas y rurales y para ayudar a apoyar los servicios de Internet de las cosas (IoT); el de 1-6 GHz, para una buena combinación de cobertura y capacidad; y el superior a 6 GHz para servicios como banda ancha móvil de ultra alta velocidad.

Otras de las bandas que deben ser apoyadas por los gobiernos, reclaman, son las de 26 GHz, 40 GHz (37-43,5 GHz) y 66-71 GHz para dispositivos móviles en la CMR-19, esenciales para, entre otros, el roaming y la armonización entre países. El cuarto punto apela a administraciones y órganos normativos para que no inflen los precios de las subastas, alegando que pueden limitar la inversión y repercutir en un aumento de precios finales de los servicios.

Por último, desde la GSMA se llama a los organismos reguladores a evitar dejar de lado el espectro para industrias verticales en bandas móviles clave, apostando por enfoques de intercambio, como el arrendamiento.