La GSMA y la GTI piden una mayor implicación de los gobiernos en el 5G

Hasta la fecha, el despliegue del 5G a nivel internacional ha sufrido un proceso de acelere respecto a las estimaciones iniciales y a otras generaciones previas. Pero esta agilización del proceso podría no ser suficiente. Así se señala en un informe conjunto realizado por la organización GTI en colaboración con la GSMA, en el que se pide a los gobiernos que se impliquen en la implementación del estándar. 

De acuerdo al whitepaper Supportive Policies for a Sustainable Mobile Industry in the 5G Era, la activación de la red enfrenta retos de distintos tipos, como los económicos. En estos estarían incluídos los gastos derivados de las demandas de más espectro, que suponen un coste elevado, así como las barreras financieras al despliegue de la red. También hay otros retos, como la necesidad de colaboración con diversas industrias verticales o el desarrollo de estrategias y regulaciones nacionales de banda ancha.

El 5G, profundiza el informe, será clave en el desarrollo de una nueva era de conectividad inteligente, base para el crecimiento económico, la aparición de nuevos servicios o la transformación empresarial. Pero esto no va de la mano con la facturación de la industria móvil, que se va recortando pese a que el tráfico se ha incrementado de forma significativa. Para evitar que este descenso en los ingresos repercuta en el 5G, los gobiernos deben proponer políticas activas. 

Así, desde la organización destacan varias claves que las administraciones deben poner en marcha para impulsar el despliegue de las redes y aprovechar su potencial. Relacionado con la infraestructura necesaria, se aboga por asignar más espectro en exclusiva para los operadores móviles: se calcula que, con unos 80-100 MHz por operador móvil más, contiguo a las bandas que ya están reservadas, contribuirán a una mejora en la experiencia de usuario significativa. Para que esto tenga éxito, además, se deben fomentar los recortes en el nuevo espectro y en las renovaciones, para asegurar que se manejan precios razonables y asequibles para las empresas. 

En la línea económica, el informe propone establecer rebajas fiscales y tasas reducidas para estimular la inversión en 5G, ya que el desarrollo de redes conllevaría un impacto socioeconómico a largo plazo. 

Los gobiernos deberán estudiar sus estrategias en ancho de banda para establecer objetivos claros en los despliegues, que permitan la innovación en 5G y cumplan con las necesidades en el medio plazo, de tres a cinco años. Además, en relación a esto, se deben fomentar políticas que faciliten la innovación, la investigación y la colaboración entre industrias. 

Por último, se llama a facilitar el acceso a las infraestructuras públicas para así agilizar el despliegue de la nueva red. Se trata no solo de reducir los costes sino de acelerar la llegada de servicios de alta calidad al público.