Economía digital | Artículos | 01 JUL 2003

La Ley de Firma Electrónica impulsa la administración y el comercio electrónicos

Pedro Guillén.
La nueva Ley de Firma Electrónica, que ofrece la posibilidad a cualquier ciudadano de contar con un DNI digital, dará un importante impulso a la administración y el comercio electrónicos, pero ha puesto en pie de guerra a las empresas de certificación digital.

Desde que Internet comenzara su expansión a mediados de la década de los noventa, la mayoría de los expertos coincidían en que había que crear sistemas no sólo de protección de datos –con antivirus, cortafuegos y VPNs–, sino de protección de las comunicaciones y de certificación digital. En 1999, el Gobierno español sorprendió con la aprobación de un Real-Decreto de Firma Electrónica, adelantándose a la Administración estadounidense, que no aprobó una legislación federal sobre la materia hasta junio de 2000. La normativa tuvo pocos efectos prácticos, debido al escaso desarrollo de Internet en España, y a las trabas para los emisores privados de certificados digitales.
A principios de junio, el Ejecutivo aprobó el proyecto de Ley que sustituye al real decreto, que incorpora importantes novedades, entre las que destaca el desarrollo de un marco básico para la creación del DNI digital, un proyecto dirigido por el Ministerio del Interior que marcará un antes y un después en la relación del ciudadano con la Administración.

Identidad electrónica
La tradicional burocracia de las administraciones públicas ha mejorado notablemente en los últimos años, pero aún está lejos de aprovechar el potencial de Internet para mejorar sus servicios a los ciudadanos. Sólo la Agencia Tributaria ha impulsado de forma efectiva el desarrollo de servicios de administración electrónica en su portal, donde 1,2 millones de contribuyentes han podido presentar la declaración de la renta este año, un 20% del total, según fuentes del organismo recaudatorio.
Cuando Interior comience a expedir los DNI digitales a mediados de 2004 los ciudadanos podrán acreditarse ante la administración para efectuar cualquier trámite que esté disponible a través de Internet. Pero además, el DNI digital servirá a su titular para certificar su identidad en cualquier relación telemática, incluidas aquellas con entidades privadas.
Esta facultad de acreditación colisiona con los intereses de las empresas privadas de certificación digital, que consideran una distorsión a la libre competencia el que el Estado ofrezca un servicio gratuito universal de certificación a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Argumentan que nadie pagará por obtener un certificado digital, imprescindible para la rúbrica electrónica, si se puede obtener sin ningún coste, y además es reconocido por las propias administraciones públicas.

Conflicto de intereses
Hasta principios de mayo, la Agencia Tributaria sólo aceptaba los certificados digitales emitidos por la Casa de la Moneda para mantener cualquier relación telemática con este organismo, y tácitamente con el resto de la administración pública. Hacienda ya admite desde el 12 de mayo los certificados de otros emisores privados, con lo que se ha roto así con un monopolio duramente criticado por las empresas de certificación digital.
Sin embargo, el conflicto de intereses ha resurgido con más virulencia con la aprobación del proyecto de Ley de Firma Electrónica, ya que permitirá a partir de otoño a la propia FNMT competir con el resto de empresas de certificación en un mercado donde hasta ahora ha habido poco negocio.
Camerfirma, el servicio de certificación digital de las Cámaras de Comercio, admite que “existe preocupación por la competencia un tanto desleal de la Fabrica Nacional”, y destaca la “inferioridad de condiciones” en que se encontrarán las empresas de certificación a partir de otoño. Otras empresas como Ipsca, ACE, de Telefónica Data o SafeLayer han criticado con dureza este aspecto de la ley, ya que consideran que pone en jaque sus intereses y les dejará a la larga fuera del mercado, ya que nadie querrá pagar por un certificado digital si puede obtenerlo gratis en la FNMT. Carmerfirma asegura que el mercado está “un tanto revuelto”, y reconoce que existen ciertos temores en el sector.

Foro de la Firma Electrónica
En un intento por conciliar intereses, las Cámaras de Comercio organizaron un encuentro a mediados de junio que reunió a medio centenar de profesionales y usuarios del mundo de la certificación y la firma digital, incluidos miembros de las administraciones públicas. La reunión dio lugar a la constitución del Foro de la Firma Electrónica, que pretende, según sus promotores –las Cámaras de Comercio–, conseguir “un mayor respeto” entre las competencias y actividades de los actores públicos y privados.
Una de las principales preocupaciones para las empresas privadas de certificación digital es dejar la puerta abierta a futuros reglamentos. El Foro propone que en su tramitación parlamentaria el texto legislativo incorpore “un mayor fomento de los estándares europeos o internacionales”, especialmente en el seno de las administraciones públicas, de forma que “no tengan lugar normativas de menor rango, que sean contradictorias con éstos, garantizando la interoperabilidad de los sistemas”.
En este sentido, pide al Gobierno que evite el desarrollo de “otras normas contradictorias, algunas de las cuáles, están dificultando notablemente la actividad de las empresas del sector, introduciendo una importante carga de inseguridad en el usuario”. Por último, en su reunión constitutiva, el Foro defendió la prestación de servicios en régimen de libre competencia, como recoge la directiva europea, “lo que irá en beneficio del uso de los certificados y del propio mercado”.

Eliminación del registro
La Ley sí satisface otras reivindicaciones del sector de la certificación digital, ya que elimina el registro previo de prestadores de certificación, al que obligaba el anterior decreto ley. La supresión de este requisito, que ha lastrado el desarrollo del sector, según

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