La LSSI abre el debate sobre la censura web
José Manuel Gómez, director de Kriptópolis y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas
El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, más conocido como LSSI, que ha elaborado el Ministerio de Ciencia y Tecnología con objetivo de que la ley se apruebe en septiembre, ha abierto un amplio debate en España sobre el peligro que puede acarrear para la Red y su libertad de expresión una excesiva y equivocada regulación.
iWorld ha hablado con los protagonistas de esta polémica, cuyo eco ha llegado incluso a medios de comunicación extranjeros como Wired, la revista-icono del mundo de la tecnología. José Manuel Gómez, director de Kriptópolis, la publicación digital que desató el debate sobre la censura en el anteproyecto de LSSI, alertando sobre determinados artículos que pueden restringir la libertad de expresión en la Red, y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), que asegura haber conseguido del Gobierno el compromiso de cambiar el texto, nos han contado su visión. Nos ha faltado la del tercer principal actor del debate: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha preferido esperar para manifestarse sobre el tema.
José Manuel Gómez
¿Cómo empezó la campaña anti-LSSI y cuál es su objetivo?
- La campaña la empezamos en el mes de mayo aunque fue antes, a finales del año pasado, cuando, Javier Maestre, uno de nuestros asesores legales, nos comentó que en el anteproyecto de LSSI había algunos artículos que, en caso de aprobarse, podían coartar la libertad de expresión en la Red. Sin embargo, aunque esto fue un primer aviso, no fue hasta hace algo más de un mes cuando Carlos Sánchez Almeida, otro de nuestros asesores legales, descubrió, al estudiar el texto para dar una conferencia, lo que se nos venía encima si la ley salía adelante.
Por eso empezamos una dura campaña con el fin de conseguir la retirada de la ley, una petición bastante radical, pero con un gran sentido lógico. La excusa que está utilizando Ciencia y Tecnología para incorporar esta ley es que hay que adecuar a la legislación española una Directiva europea del comercio electrónico. Pero nosotros no vemos ninguna necesidad de redactar una nueva ley. Todas las actividades referentes al comercio electrónico se pueden regular perfectamente a través de las que regulan el tradicional: las leyes de comercio, de publicidad, de la competencia, etc. Y el Ministerio no sólo quiere crear una ley que no es necesaria, sino que está intentando extralimitarse y en el anteproyecto ha ampliado los aspectos incluidos en la Directiva a cualquier servicio de la Sociedad de la Información, lo que significa que pretende regular la información en línea que se publica gratuitamente en la Red, como es el caso de nuestra revista y el de muchos medios. Esta situación nos parece intolerable, pues atenta gravemente contra la libertad de expresión, que es básica en Internet, además de sentar un grave precedente y aunque el Gobierno actual no tenga intención de controlar los medios amparándose en esta ley, nunca se sabe qué responsables políticos tendremos en el futuro... Es muy peligroso abrir la caja de los truenos de la censura.
No estáis de acuerdo con que exista la ley, pero ¿contra qué aspectos del anteproyecto (la tercera versión) lucháis en particular?
Sin duda, contra el control de los contenidos. El anteproyecto obliga a que cualquier persona que tenga una web se tenga que registrar y si no lo hace debe pagar una multa tremenda. Este aspecto no lo contempla la Directiva europea y es un ejemplo del afán controlador de la ley española. Es un disparate pretender aplicar a una página personal las mismas multas que se pondrían a una empresa multinacional. La única intencionalidad que puede subyacer es frenar cualquier tipo de iniciativa informativa independiente fuera de los grandes emporios de la comunicación, además del peligro que supone de autocensura, uno de sus mayores inconvenientes.
Incluso otorga a las autoridades administrativas la potestad de cerrar webs, algo que en el mundo real, refiriéndonos a los medios de comunicación tradicionales, sólo pueden hacer las autoridades judiciales, según el artículo 20 de nuestra Constitución. No se puede legislar diferenciando Internet del mundo real. El Código Penal ya tiene perfectamente tipificadas todas las conductas delictivas que se puedan dar en la Red. Lo único que falta son medios para aplicarlo.
¿A qué medios te refieres?
- Controlar las actividades delictivas en Internet es muy fácil, sólo se necesita voluntad política. La policía española especializada en tecnologías de la información tiene escasísimos medios humanos y materiales, lo que es intolerable. Se deberían ampliar los medios con los que cuentan estos cuerpos y sería conveniente crear una Fiscalía de Delitos Informáticos para coordinar las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado entre ellos y con otras policías europeas. Además, tendría que haber más jueces y que éstos estuvieran mejor formados en Internet.
¿Estas medidas sería suficientes para regular la seguridad en la Red?
- Sí, además de adaptar a las leyes ya existentes lo que ordena la Directiva, es decir, lo relativo a comercio electrónico.
Kriptópolis acepta la Directiva europea. Sin embargo, organizaciones como CPSR están en contra de ella...
- Esto se debe a que CPSR es una organización de ámbito internacional y combate la regulación allí donde se produzca. No e
iWorld ha hablado con los protagonistas de esta polémica, cuyo eco ha llegado incluso a medios de comunicación extranjeros como Wired, la revista-icono del mundo de la tecnología. José Manuel Gómez, director de Kriptópolis, la publicación digital que desató el debate sobre la censura en el anteproyecto de LSSI, alertando sobre determinados artículos que pueden restringir la libertad de expresión en la Red, y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), que asegura haber conseguido del Gobierno el compromiso de cambiar el texto, nos han contado su visión. Nos ha faltado la del tercer principal actor del debate: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha preferido esperar para manifestarse sobre el tema.
José Manuel Gómez
¿Cómo empezó la campaña anti-LSSI y cuál es su objetivo?
- La campaña la empezamos en el mes de mayo aunque fue antes, a finales del año pasado, cuando, Javier Maestre, uno de nuestros asesores legales, nos comentó que en el anteproyecto de LSSI había algunos artículos que, en caso de aprobarse, podían coartar la libertad de expresión en la Red. Sin embargo, aunque esto fue un primer aviso, no fue hasta hace algo más de un mes cuando Carlos Sánchez Almeida, otro de nuestros asesores legales, descubrió, al estudiar el texto para dar una conferencia, lo que se nos venía encima si la ley salía adelante.
Por eso empezamos una dura campaña con el fin de conseguir la retirada de la ley, una petición bastante radical, pero con un gran sentido lógico. La excusa que está utilizando Ciencia y Tecnología para incorporar esta ley es que hay que adecuar a la legislación española una Directiva europea del comercio electrónico. Pero nosotros no vemos ninguna necesidad de redactar una nueva ley. Todas las actividades referentes al comercio electrónico se pueden regular perfectamente a través de las que regulan el tradicional: las leyes de comercio, de publicidad, de la competencia, etc. Y el Ministerio no sólo quiere crear una ley que no es necesaria, sino que está intentando extralimitarse y en el anteproyecto ha ampliado los aspectos incluidos en la Directiva a cualquier servicio de la Sociedad de la Información, lo que significa que pretende regular la información en línea que se publica gratuitamente en la Red, como es el caso de nuestra revista y el de muchos medios. Esta situación nos parece intolerable, pues atenta gravemente contra la libertad de expresión, que es básica en Internet, además de sentar un grave precedente y aunque el Gobierno actual no tenga intención de controlar los medios amparándose en esta ley, nunca se sabe qué responsables políticos tendremos en el futuro... Es muy peligroso abrir la caja de los truenos de la censura.
No estáis de acuerdo con que exista la ley, pero ¿contra qué aspectos del anteproyecto (la tercera versión) lucháis en particular?
Sin duda, contra el control de los contenidos. El anteproyecto obliga a que cualquier persona que tenga una web se tenga que registrar y si no lo hace debe pagar una multa tremenda. Este aspecto no lo contempla la Directiva europea y es un ejemplo del afán controlador de la ley española. Es un disparate pretender aplicar a una página personal las mismas multas que se pondrían a una empresa multinacional. La única intencionalidad que puede subyacer es frenar cualquier tipo de iniciativa informativa independiente fuera de los grandes emporios de la comunicación, además del peligro que supone de autocensura, uno de sus mayores inconvenientes.
Incluso otorga a las autoridades administrativas la potestad de cerrar webs, algo que en el mundo real, refiriéndonos a los medios de comunicación tradicionales, sólo pueden hacer las autoridades judiciales, según el artículo 20 de nuestra Constitución. No se puede legislar diferenciando Internet del mundo real. El Código Penal ya tiene perfectamente tipificadas todas las conductas delictivas que se puedan dar en la Red. Lo único que falta son medios para aplicarlo.
¿A qué medios te refieres?
- Controlar las actividades delictivas en Internet es muy fácil, sólo se necesita voluntad política. La policía española especializada en tecnologías de la información tiene escasísimos medios humanos y materiales, lo que es intolerable. Se deberían ampliar los medios con los que cuentan estos cuerpos y sería conveniente crear una Fiscalía de Delitos Informáticos para coordinar las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado entre ellos y con otras policías europeas. Además, tendría que haber más jueces y que éstos estuvieran mejor formados en Internet.
¿Estas medidas sería suficientes para regular la seguridad en la Red?
- Sí, además de adaptar a las leyes ya existentes lo que ordena la Directiva, es decir, lo relativo a comercio electrónico.
Kriptópolis acepta la Directiva europea. Sin embargo, organizaciones como CPSR están en contra de ella...
- Esto se debe a que CPSR es una organización de ámbito internacional y combate la regulación allí donde se produzca. No e
