Economía digital | Noticias | 17 DIC 2002

Las empresas españolas refuerzan el control sobre el uso de Internet de sus empleados

Las empresas españolas están incrementando el control sobre el uso que sus empleados hacen de Internet y del correo electrónico debido a las exigencias del nuevo marco legal, al riesgo de ataques a los sistemas informáticos y al uso excesivo de estos recursos para fines personales. El este contexto, el conflicto surge cuando las políticas de supervisión de las empresas vulneran el derecho de intimidad de los trabajadores.
Ana Sierra
Un 45 por ciento de mil empresas consultadas supervisan la navegación de sus empleados y sólo el 24 por ciento supervisan el correo electrónico, cifras que se elevan en función del tamaño de las sociedades. Así, un 40 por ciento de las empresas de menor facturación controlan el uso de Internet y un 22 por ciento el correo electrónico, mientras que en las empresas de mayor facturación los porcentajes son del 87 y 37 por ciento respectivamente, según los datos del Estudio sobre políticas, hábitos de uso y control de Internet en empresas españolas, elaborado por el e-bussines Center PwC&IESE.

La clara distinción que hacen las empresas en el control de la navegación y de correo electrónico se debe en la mayoría de los casos a cuestiones legales, ya que el control sobre el correo electrónico “está más cerca del intrusismo en la intimadad del trabajador” según ha explicado Javier Rivas, socio director del Departamento de Tecnología de PriceWaterHouseConsulting.

Los datos obtenidos de los controles han servido para sancionar a trabajadores de casi un 10 por ciento de las empresas encuestadas y como causa de despido en el 2,8 por ciento de ellas.

Tres son las principales razones que justifican el refuerzo de las políticas de supervisión que llevan a cabo las empresas para controlar el uso que sus empleados hacen de lor recursos informáticos. En primer lugar, la necesidad de cumplir las obligaciones de seguridad derivadas de la normativa sobre protección de datos así como las exigencias de la LSSICE y la nueva Directiva de la UE que prohíben el envío de mensajes a personas que no hayan dado su consentimiento expreso para recibirlos. En segundo lugar, intentar minimizar los riesgos de difusión de virus y contenidos perjudiciales que se introducen a través del correo electrónico. Por último, controlar el uso de estos recursos para fines personales que pueden minimizar la eficencia económica de la empresa. Entre los usos personales más frecuentes figuran el acceso a servicios de noticias o finanzas, la búsqueda de software y hardware y el envio de correos electrónicos a amigos o familiares.

Sin embargo, el refuerzo del control contrasta con el hecho de que el 20 por ciento de las empresas no tiene políticas de uso de Internet y correo electrónico definidas y menos del 50 por ciento tienen sus políticas de forma escrita. Además, estas políticas desconocen o ignoran en muchas ocasiones los requisitos para que los controles no incurran en la ilegalidad: notificación previa o normativa interna en la que se advierta sobre la posibilidad de que se efectúen controles, participación sindical en la aprobación de dicha norma y respuesta a una causa justificada. Las empresas que no cumplan la primera condición si realizan un control sobre la navegación o correo electrónico están vulnerando el derecho a la intimidad en las comunicaciones del trabajador investigado.

Ante el vacío legal existente y para no llegar al exceso de un control absoluto que pueda vulnerar la privacidad y la intimidad de los trabajadores “es necesario entrar en el juego de la confianza mutua entre empresa y trabajado” según ha comentado el director del estudio, Joan Fontrodona. Para Javier Rivas “la empresa debe tener un normativa interna clara que regule este ámbito”.

e-business center: ebcenter.org




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