LSSICE: una cuestión de interpretación
Tras la presentación de las 9 enmiendas al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y los dos textos alternativos propuestos por los grupos parlamentarios IU y PSOE, la Universidad de Nebrija celebró ayer una mesa redonda en la que representantes del estos dos grupos más de CiU y del PP discutieron los puntos de no consenso con el Gobierno. A pesar de que las diferencias son grandes, la conclusión es que el problema del texto radica en estar abierto a numerosas interpretaciones, algo inaceptable para erigirle como futura ley.
Está claro que cada uno barre para su casa, sin embargo, en el caso del proyecto de LSSICE las cosas no parecen estar tan claras. Las ambigüedades que contiene el texto en cuanto al ámbito de actuación, las autoridades competentes y el posible daño a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales provocan muchas y diferentes interpretaciones, dependiendo de quien sea el portavoz, que se resumen en una idea: el anteproyecto no es un texto consensuado y como tal necesita un amplio esfuerzo por parte de la comunidad política “para disipar esas posibles interpretaciones” antes de su aprobación, como manifestó Jordi Jané i Guasch, representante del grupo parlamentario CiU. Una aprobación que desde el grupo parlamentario popular, representado por Juan Manuel Moreno Bonilla, tendrá lugar antes de finalizar el año, en concreto, como estaba previsto en el mes de junio.
Empezando por los representantes de los grupos parlamentarios que han presentado un texto alterativo, la representante del grupo Izquierda Unida planteó la necesidad de corregir determinados aspectos debido a “que no inciden en el comercio electrónico sino en un control de la información y de acceso a la misma” convirtiendo la propuesta de ley en “una intervención directa” que “obstaculiza el desarrollo incipiente de esta actividad en nuestro país”. Las sanciones también ha sido motivo de disputa para el grupo IU a las que consideran “desmesuradas porque no tienen en cuenta la infracción cometida”.
El grupo parlamentario PSOE, por su parte, apoyó la idea de IU sobre el obstáculo que supone el texto para el desarrollo del comercio electrónico y señaló el perjuicio que supone, especialmente para la pyme, el incremento de la burocracia con un doble registro que “no nos acerca a Europa sino que nos separa”. Como ya es sabido, el grupo socialista considera que el proyecto afecta a los derechos fundamentales por lo que se ha reclamado que se regulen mediante ley orgánica. También aludió a la atribución de competencias judiciales a la autoridad administrativa. En definitiva, lo que el grupo socialista ha propuesto es la no inclusión de regulación de aspectos adicionales a los que se contemplan en la Directiva Europea.
Más moderado Convergencia i Uniò, grupo parlamentario que también ha presentando enmiendas al proyecto, ha intentado como dice su representante Jordi Jané, “mejorar aspectos que podrían generar interpretaciones no deseadas”. Para el grupo catalán, es necesario hacer una revisión de la ley en los artículos 8, 15 y 16 en los que se habla de que la autoridad administrativa competente puede llegar a clausurar una web, en el que se regula la responsabilidad de los prestadores de servicios ante contenidos ilícitos y lo costoso que le puede parecer operar en España ante las costosas sanciones. Al igual que el grupo PSOE, CiU exige fidelidad a la Directiva y garantías de que la ley no frene el comercio electrónico.
El responsable de Grupo Parlamentario Popular, por su parte, ha defendido el proyecto del gobierno al que representa insistiendo en que la única intención ha sido la de “trasladar al mundo virtual lo que ocurre en el mundo físico, por lo que sólo afecta a actividades económicas, lo que les hace rechazar opiniones de que se cree inseguridad jurídica o se pisoteen derechos fundamentales”.
En definitiva, lo que ayer por la tarde quedó demostrado en la celebración de esta mesa redonda es que frente a los mismos artículos, dependiendo del grupo parlamentario se hacían una u otras interpretaciones. Una ambigüedad que puede generar confusión y arbitrariedad en la ejecución de los preceptos si el proyecto se convierte en ley y que debe ser evitado para lo que es necesario un consenso antes de su aprobación porque como manifestó el representante de Ciu, lo que está claro es que “las interpretaciones que se dan del proyecto son muy diferentes, luego algo pasa”.
Ministerio de Ciencia y Tecnología: www.mcyt.es
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La LSSICE llega al Congreso con nueve enmiendas a la totalidad
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El grupo parlamentario PSOE, por su parte, apoyó la idea de IU sobre el obstáculo que supone el texto para el desarrollo del comercio electrónico y señaló el perjuicio que supone, especialmente para la pyme, el incremento de la burocracia con un doble registro que “no nos acerca a Europa sino que nos separa”. Como ya es sabido, el grupo socialista considera que el proyecto afecta a los derechos fundamentales por lo que se ha reclamado que se regulen mediante ley orgánica. También aludió a la atribución de competencias judiciales a la autoridad administrativa. En definitiva, lo que el grupo socialista ha propuesto es la no inclusión de regulación de aspectos adicionales a los que se contemplan en la Directiva Europea.
Más moderado Convergencia i Uniò, grupo parlamentario que también ha presentando enmiendas al proyecto, ha intentado como dice su representante Jordi Jané, “mejorar aspectos que podrían generar interpretaciones no deseadas”. Para el grupo catalán, es necesario hacer una revisión de la ley en los artículos 8, 15 y 16 en los que se habla de que la autoridad administrativa competente puede llegar a clausurar una web, en el que se regula la responsabilidad de los prestadores de servicios ante contenidos ilícitos y lo costoso que le puede parecer operar en España ante las costosas sanciones. Al igual que el grupo PSOE, CiU exige fidelidad a la Directiva y garantías de que la ley no frene el comercio electrónico.
El responsable de Grupo Parlamentario Popular, por su parte, ha defendido el proyecto del gobierno al que representa insistiendo en que la única intención ha sido la de “trasladar al mundo virtual lo que ocurre en el mundo físico, por lo que sólo afecta a actividades económicas, lo que les hace rechazar opiniones de que se cree inseguridad jurídica o se pisoteen derechos fundamentales”.
En definitiva, lo que ayer por la tarde quedó demostrado en la celebración de esta mesa redonda es que frente a los mismos artículos, dependiendo del grupo parlamentario se hacían una u otras interpretaciones. Una ambigüedad que puede generar confusión y arbitrariedad en la ejecución de los preceptos si el proyecto se convierte en ley y que debe ser evitado para lo que es necesario un consenso antes de su aprobación porque como manifestó el representante de Ciu, lo que está claro es que “las interpretaciones que se dan del proyecto son muy diferentes, luego algo pasa”.
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