¿Qué pasa con la basura electrónica?

El Parlamento Europeo aprobará mañana miércoles una ley para obligar a que los fabricantes de equipamiento electrónico paguen una cuota cuando sus productos queden obsoletos y se conviertan en equipos inservibles. La ley pretende impulsar el reciclaje de los equipos electrónicos ante la proliferación de la llamada "basura electrónica" en Europa del Este y los países asiáticos, que son los principales receptores de material inservible.

Desde los fabricantes de frigoríficos hasta los de teléfonos móviles estarán obligados a responsabilizarse no sólo de la comercialización de sus productos, sino también a controlar cómo terminan su vida útil, evitando que terminen en centros de resíduos o inceneradoras.

Por la ley que se plantea tramitar, los fabricantes tendrán que pagar el coste de la recogida y reciclaje de los productos electrónicos inservibles, lo que puede suponer incluso la recogida de estos bienes de forma individual y a domicilio.
Esta normativa significa la iniciativa más ambiciosa en cuanto a reciclaje que se ha hecho en Europa, según ha declarado un deputado europeo del partido laborista británico a Reuters. Al menos 10.000 empresas fabricantes de productos electrónicos se verán afectados por esta normativa, que cuenta con el apoyo del parlamento europeo (el cual la aprobó el pasado año), y de los parlamentos de los países de la Unión.
Para el año 2006, los gobiernos europeos quieren asegurar una media de entre 4 y 6 Kg de material electrónico inservible recogido por persona cada año, para llegar a un 70 por ciento de material electrónico que sea reciclado. Pero este objetivo supone también grandes costes. La industria ha cifrado que el coste de la recolección, desmantelación, y reutilización de material electrónico desechable supondría 15.000 millones de euros al año. Eso sin contar los acuerdos previos con los fabricantes, para que éstos asuman el coste implícito en cada producto, y también en aquellos que se han comercializado con carácter retroactivo y que no entraron en la política de reciclaje porque se fabricaron antes de la normativa.

En términos prácticos, la medida supondría que un consumidor tendría que pagar alrededor de 50 céntimos de Euro por un teléfono móvil, y hasta 20 euros más por un frigorífico, para que éstos fueran productos reciclables. La normativa no es más que una continuación de la ley europea del año 2000, que obliga a los fabricantes de automóviles a que sus diseños sean "ecológicos" y más fácilmente reutilizables.

Una vez que el Parlamento europeo vote el miércoles, la ley borrador tendrá que aprobarse en los gobiernos de cada país de la Unión, por lo que comenzará un proceso de negociación y enmiendas sobre la ley.

Parlamento Europeo: www.europarl.eu.int