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Cabify reclama al Gobierno una moratoria de dos años a sus licencias VTC por la pandemia

La llamada ‘guerra del taxi’ amenaza con volver a pocas semanas de que se cumpla el plazo de la regulación transitoria que les permitía a las plataformas de movilidad transitar por las ciudades españolas.

Uber Infobip

El período de gracia de cuatro años que suponía el Decreto Ábalos para que los conductores de licencias VTC (vehículos de transporte con conductor) pudieran realizar trayectos dentro de las ciudades está a sólo días de vencer su plazo. Y es que la gran mayoría de las comunidades autónomas aún no han regulado este sector, algo que empresas como Cabify, Uber y Bolt ven con suma preocupación. 

En este contexto, según publica El País, el CEO de Cabify, Juan de Antonio, hizo un llamado al Gobierno a prorrogar por dos años más las licencias, justificando la medida con el duro golpe que supuso para el sector la llegada de la pandemia. Esto, basado en un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Barcelona en el que se establece ese período de tiempo como el necesario para reflejar el impacto de las restricciones de movilidad que se impusieron durante la crisis sanitaria. 

De no aprobarse la moratoria, las plataformas de movilidad podrían aferrarse a una medida excepcional: indemnizaciones patrimoniales que podrían ascender a miles de millones de euros, aunque no hay cifras cerradas. 

El Decreto Ábalos fue aprobado en 2018 tras las duras huelgas y protestas que protagonizaron los taxistas ante la popularización de las plataformas como Cabify y Uber, que utilizaban las licencias VTC (previamente usadas por conductores de transporte privado de hoteles o empresas, por ejemplo). La regulación establecía que estos conductores sólo podían operar en trayectos interurbanos y que cada comunidad autónoma debía aprobar su tránsito dentro de las ciudades. El Ejecutivo dio un plazo de cuatro años, hasta octubre de 2022, para que las comunidades tramitarán la normativa. Éste sería un ‘período de gracia’ para las aplicaciones de movilidad, en el que podían circular y mantener su negocio en todo el territorio.

Sin embargo, en la mitad de este período llegó la pandemia, con lo que las plataformas no pudieron continuar con el negocio ni recuperar la inversión en las licencias VTC. El decreto incluye la posibilidad de solicitar una indemnización complementaria en caso de que logren justificar que los cuatro años concedidos son insuficientes, por lo que hoy Cabify evalúa esa opción si no se les da la prórroga solicitada.

Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify, explica en El País que “en el contexto de inseguridad jurídica actual, no se dan las condiciones para desarrollar un marco normativo en cada comunidad autónoma, con el consecuente perjuicio que esto provoca. Este periodo transitorio del Gobierno también permitiría que las propias regiones que conforman el país puedan trabajar con mayor certidumbre y garantías".



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