Legislación

Las leyes antimonopolio de la UE ya son una realidad

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, con amplias mayorías, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que tratarán de controlar el poder de las grandes tecnológicas en el continente.

Comisión Europea

Las dos normativas clave para frenar el poder de las grandes tecnológicas en Europa -más conocidas bajo el acrónimo de GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) o como guardianes en línea- son, desde hoy, una realidad. El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado la Ley de Mercados Digitales (DMA, de sus siglas inglesas) y la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés) por una amplia mayoría -588 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones para la primera y 539 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones en el caso de la segunda-.

Ambas tienen como objetivo, según ha publicado el organismo comunitario, “abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico” y “establecer normas claras que regulan el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de estas empresas en la Unión Europea (UE)”. En concreto, la DMA, que será de obligado cumplimiento a partir de octubre, frenará el control de estas multinacionales sobre los datos de los ciudadanos, lo que podría obligar a estas a cambiar incluso sus modelos de negocio ya que se establecerán marcos de competencia para evitar monopolios y se diseñarán normas de acceso a sus plataformas. Es decir, tendrán que hacer que sus servicios de mensajería sean interoperables y proporcionar a los usuarios corporativos acceso a su información para que estos pueden promocionar productos y servicios de la competencia en sus propias plataformas.

Esta normativa sí está enfocada más especialmente en las GAFAM ya que solo se aplicará a organizaciones cuya capitalización bursátil supere los 75.000 millones de euros, obtengan al menos 7.500 millones de facturación anual y tengan, al menos, 45 millones de usuarios mensuales en el continente. Las multas por incumplimiento serán de hasta un 10% de su facturación anual, y hasta de un 20% en caso de reincidencia.

Por su parte, la DSA está más dirigida a las redes sociales y los ecommerce para enfrentar la desinformación y la difusión de contenidos falsos. Esta incluye objetivos como el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas sobre el uso de sus algoritmos o, en el caso de los ecommerce, el endurecimiento de los requisitos de trazabilidad sobre la seguridad de sus productos. Asimismo, se prohíben algunos tipos de publicidad selectiva, como la dirigida a los menores de edad o los anuncios basados en datos confidenciales. Esta ley contempla multas de hasta el 6% de la facturación anual.

El europarlamentario danés Christel Schaldemose ha declarado, durante el debate del pleno, que “las tecnológicas se han beneficiado durante mucho tiempo de la ausencia de reglas, pero es el momento de que las normas y los derechos se vean reforzados abriendo, también, la caja negra de los algoritmos para entender cómo generan dinero de las plataformas”. Por su parte, Andreas Schwab, ha señalado que el objetivo final del Mercado Único Digital europeo es recibir a las mejores compañías, y no solo a las más grandes. “Ya no vale hablar de la supervivencia del más fuerte”.

 

Dudas en torno a la capacidad de aplicación de las normativas

Desde el PE reconocen que los plataformas con más de 45 millones de usuarios son las que “mayores desafíos” entrañan, por lo que se pondrá un especial foco en las mismas con distintos controles periódicos y aleatorios. Sin embargo, y tal y como se hace eco Reuters, la aplicación de estas leyes supone una preocupación debido a los recursos limitados de los reguladores. La comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, ha establecido un grupo de trabajo para la DMA al que se sumarán unas 80 personas, algo que parece insuficiente a ojos de varios analistas. De hecho, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha indicado en un comunicado que “si la Comisión no contrata a los expertos necesarias para monitorizar las prácticas de las grandes tecnológicas en el mercado, la legislación podría verse obstaculizada”.



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