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Los ‘papeles de Uber’: una historia de presiones, sobornos e ilegalidades

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha analizado más de 124.000 documentos en los que la empresa admite haber pisoteado marcos legales, presionado a políticos y oligarcas y evadido impuestos.

uber

La historia de éxito de la compañía cuenta con más sombras que luces. Este es el relato de un caso de presiones, sobornos e ilegalidades; a continuación, los ‘papeles de Uber’. La empresa que saltó desde Silicon Valley a la plana internacional allá por el 2009 con el firme propósito de convertirse en el gigante mundial del transporte que es hoy en día, esconde una crónica de turbias irregularidades protagonizadas por sus máximos directivos. Emmanuel Macron, ex ministro de Defensa y actual presidente de Francia; Neelie Kroes, ex vicepresidenta de la Comisión Europea; Benjamin Netanyahu, ex primer ministro israelí. Estos son solo algunos nombres propios que encarnan los papeles secundarios de este guion compuesto por más de 124.000 documentos filtrados al diario The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Correos electrónicos, archivos de Excel, mensajes de texto y otros documentos fechados entre los años 2013 y 2017, revelan unas prácticas cuanto menos cuestionables por parte de la compañía. Entonces, con Travis Kalanick al frente de la empresa, el sello abogó por tejer una red clientelar basada en políticos, funcionarios públicos y oligarcas allí donde desembarcaba. Su estrategia, sin embargo, iba más allá de eso optando, además, por “abrazar el caos”. Y es que, tal y como apunta una de las directivas de la compañía en un correo electrónico fechado en 2014 y filtrado al periódico, “a veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales”. Esto se debe a que su aplicación permite pedir un conductor privado y sin licencia, algo que rompe con las normas de todos los mercados. Sin embargo, su hoja de ruta les ha llevado a desplegar su flota de vehículos en hasta 31 países diferentes. En los mercados en los que es más complicado como en el caso de España e Italia, reconocía la representante de Uber, la directriz a seguir era cristalina: “emprender tácticas para enfrentarse a las autoridades”.

 

Red aliada: desde presidentes hasta magnates de los negocios

Más de 180 periodistas de 44 medios han analizado los archivos que, bajo el epígrafe Uber files, han puesto de relieve como la compañía aterrizaba en decenas de ciudades pisoteando marcos legales, evadiendo impuestos, enfrentándose a la industria del taxi con maniobras controvertidas y  exigiendo a conductores precarios y sin licencia facturaciones exponenciales. Una historia interna que, basada en la actividad del lobby, ha conseguido traspasar las fronteras de la ley y la ética. Su red aliada para conseguir ostentar la supremacía en Europa, presidentes, funcionarios públicos, comisionarios europeos y grandes oligarcas. Así se desprende de varias hojas de cálculo que recogen más de 1.800 personas de interés para la empresa catalogados según su “hostilidad” o influencia de cara a allanarles el camino de un cambio legislativo. Entre 2014 y 2016, los ejecutivos de Uber tuvieron más de 100 reuniones con funcionarios públicos, entre ellos al menos doce miembros de la Comisión Europea que no hicieron públicos esos encuentros, según apunta el diario El País. Reclutó a figuras poderosas en lugares como Rusia, Italia y Alemania ofreciéndoles participaciones financieras en la puesta en marcha de la empresa en el lugar y convirtiéndoles en "inversores estratégicos". Y en un intento por dar forma a los debates sobre políticas, pagó a destacados académicos cientos de miles de dólares para producir investigaciones que respaldaran las afirmaciones de la empresa sobre los beneficios de su modelo económico. A pesar de una operación de cabildeo tenaz e inteligentemente financiada, los mensajes de la compañía no siempre llegaron a buen puerto.

 

"A veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales"

 

 

La ayuda de Macron, pieza clave en el puzle

París fue el escenario del primer lanzamiento europeo de Uber. Fue en la capital gala donde el gigante tecnológico se encontró una férrea oposición liderada por parte de la industria del taxi que culminó con violentas protestas en las calles. En octubre del pasado 2014 Emmanuel Macron, nombrado ministro de Economía meses antes, sostuvo una reunión con Kalanick y otros ejecutivos, lo que supuso el punto de partida de su defensa en aras de los intereses de Uber. Unos intereses que, tras el lanzamiento de UberPop, un servicio que permitía a los conductores sin licencia ofrecer viajes a precios mucho más bajos, desafiaron las leyes del país. Entonces, Macron tuvo que dar un paso al frente y, viendo que su imagen quedaba mermada por la opinión pública, solicitar ayuda a Uber para calmar las aguas. El que posteriormente fuese nombrado presidente de Francia no creía que hubiera futuro para UberPop, pero accedió a trabajar con la empresa para reescribir las leyes nacionales que regirían otros de sus servicios. Una postura que dio alas al gigante tecnológico que acabaría por anunciar el mismo día la suspensión de UberPop en el país vecino. Fue en París donde la delgada línea entre la legalidad y la moralidad pareció diluirse para Uber.

 

“Pirámide de la mierda”

La confrontación era la táctica habitual de Uber al desembarcar en cualquier nuevo mercado. El plan brillaba por su ausencia, pero la estrategia empleada era propia de las guerrillas de antaño, en las que todo valía porque no había reglas. Sin embargo, lo que ocurrió en este caso, fue que las pruebas documentales quedaron marcadas por escrito en un boceto que los directivos de la compañía titularon como “la pirámide de la mierda”. En la base, “las querellas de los conductores” en varios países; un peldaño más arriba, las “investigaciones regulatorias”; luego, los “procedimientos administrativos”, y en la cúspide, las “acciones legales directas”. Es en esa línea de actuación donde encajan fórmulas como la utilización de las imágenes de la violencia de los taxistas sobre los conductores de Uber para vender su discurso: “Creo que merece la pena”, decía en un mensaje sobre las protestas en Francia, en junio de 2016, el entonces consejero delegado Travis Kalanick. “La violencia garantiza el éxito”, proseguía.

Sin tapujos ni remordimientos. Algo que no tardaron en poner de relieve una vez más al optar por actuaciones que sobrepasaban cualquier barrera. Y es que ante la avalancha de investigaciones y redadas en las oficinas europeas, la compañía volvía actual al margen. Correos electrónicos y mensajes de texto confirman que la compañía disponía de un botón del pánico (kill switch, en inglés) para desconectar las máquinas de los servidores de la empresa e imposibilitar el acceso a su contenido. La existencia de este botón ya había salido a la luz, pero Uber Files documenta su uso en hasta seis ocasiones solo a lo largo de 2015: en Francia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, India, Hungría y Hong Kong. Siguiendo la citada estela cabe mencionar varias conversaciones que versan sobre el “manual para redadas de madrugada”. Un pliego que detallaba a los empleados qué hacer cuando las autoridades locales entraran en sus oficinas e intentaran hacerse con material potencialmente comprometedor.

 

Narrativa de la violencia

En abril de 2014 Uber desembarcó en Barcelona replicando la misma estrategia que ya había cuajado en otros enclaves: en lugar de atravesar el proceso clásico y legal de obtención de licencias o de trabajar para encontrar un nuevo marco de servicios similares al taxi, capta de forma agresiva a miles de consumidores para que, una vez instaurado el modelo, a las autoridades les resulte prácticamente imposible dar marcha atrás. Dicho y hecho, esto fue lo que sucedió. La empresa tecnológica diseñó una intensa y extensa campaña de presión que, coordinada bajo el grupo de correo Spain Lobbying, trató de influir en políticos, empresarios, académicos, representantes de asociaciones de consumidores y think tanks. Para hacerlo, siguió un mapa de personas de interés (stakeholders, en inglés) donde recogía 116 nombres propios —la mayoría, políticos— en los que concentrar su actividad de lobby.

 

“Sería muy potente tener fotos de violencia en Barcelona, de esta semana y también de otros incidentes”

 

El primer año de actividad en España no fue tal como se había previsto; y es que la situación seguía siendo “compleja” para la empresa y las huelgas de taxistas y protestas se recrudecerían con el tiempo, especialmente durante el otoño en la Ciudad Condal. Entonces atendimos a un escenario en el que los conductores de Uber eran perseguidos por los taxistas y a menudo obligados a abandonar los coches. La empresa, en lugar de tomar cartas en el asunto y proteger a su plantilla, una vez más hizo gala de su discutible moral. Así fue como aprovecharon la situación a modo de campaña de márquetin mostrándose como víctimas para intentar que la opinión pública cediese a su favor. “Sería muy potente tener fotos de violencia en Barcelona, de esta semana y también de otros incidentes”, escribía el 23 de octubre el director de Políticas Públicas de Uber para Europa, Oriente Medio y África, Mark MacGann, en un correo electrónico dirigido a los encargados de desarrollar las medidas de presión para lograr una legislación favorable a sus intereses. 

En aquel momento se optó también por pasar al contraataque.  En Madrid, contrató una empresa de espionaje para descubrir las debilidades de una asociación de taxistas según se recoge en diferentes correos electrónicos. Esto, a pesar de lo que pudiera parecer, no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de presión que se observa desde la India hasta Europa, según se revela en los Uber Files: “Tenemos que mantener viva la narrativa de la violencia durante unos días”, escribía un directivo de la empresa en Países Bajos mientras planeaba la estrategia de cara a la prensa durante las protestas de los taxistas locales. Igual que en Bélgica: “Tenemos que usar esto a nuestro favor (...) la violencia en Francia ha llevado la cuestión al ámbito regulatorio”.

 

La compañía se escuda en el pasado

Ante las preguntas de los medios que han participado en Uber Files, la empresa asegura no ser la misma de 2017. "Nunca hemos puesto ni pondremos excusas por comportamientos del pasado, que claramente no están en consonancia con nuestros valores actuales", ha contestado Jill Hazelbaker, vicepresidente de Marketing y Asuntos Públicos. "Le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos de aquí en adelante". La empresa asegura haber pasado "de una era de confrontación a una de colaboración: trabajamos con los gobiernos a todos los niveles para mejorar la vida de quienes usan nuestra plataforma y las ciudades en las que operamos". 



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