Las principales asociaciones de internautas, consumidores y CC.OO. presentan posibles mejoras al proyecto de LSSI

Ante la finalización, el próximo día 9, del periodo de presentación de enmiendas al proyecto de LSSICE por parte de los grupos políticos, las asociaciones y el sindicato citados se han apresurado a enviarles sus propuestas ante el texto y hacer pública su postura al respecto. Un proyecto de ley que, según José María Díaz, de CC.OO., valoran muy positivamente y que “puede ayudar a recuperar el retraso que España tiene en materia tecnológica, un factor de diferencia clave entre España y los demás países europeos y entre el Viejo Continente y EE.UU., aunque debe completarse con el desarrollo de otras políticas como el impulso a la inversión y a la formación en Tecnologías de la Información, entre otras”. Todos estos grupos están de acuerdo en la existencia de la ley, “una ley razonable –asegura Díaz- que proporciona claridad en las relaciones comerciales a través de Internet y seguridad en la prestación de los servicios y es respetuosa con los derechos fundamentales”. En especial destacan positivamente aspectos como la regulación del spam, pues “por primera vez se rompe con el criterio del consentimiento tácito del internauta ante el spam”. Sin embargo, señalan que existen algunos puntos mejorables.

Las propuestas: mayor claridad en el texto, en el papel de la autoridad competente y que exista proporcionalidad en la aplicación de las sanciones
Estos tres puntos son las principales propuestas realizadas por la AI, la AUI, la AUC, la FUCI y CC.OO. Según Alejandro Perales, responsable de la AUC, “es bastante mejorable la parte del texto en la que se explica el papel de la autoridad competente. Tiene que quedar claro en qué casos debe actual la autoridad administrativa y cuándo debe hacerlo la judicial. Además, si bien no creemos que peligre la libertad de expresión, sí vemos necesario conciliar ésta con otros derechos como el derecho a recibir información veraz y la protección de los usuarios y la no discriminación”.

Por su parte, Víctor Domingo, presidente de la AI, además de señalar la necesidad de aclarar el límite de lo que es la actividad económica en Internet, en especial el término “todo servicio prestado normalmente a título oneroso”, ha destacado que las sanciones deben ser más proporcionales al volumen de la empresa a la que se aplican. “3.000 euros como sanción leve es mucho dinero para una pequeña empresa, mientras que las sanciones graves para empresas grandes, podría incluso aumentarse en nuestra opinión”. Claro que también ha señalado que este es un tema con pocas posibilidades de modificarse pues los grados de estas sanciones son los mismos que establece la Ley de Protección de Datos. “Lo que no queremos –dice Domingo- es que una ley que ha suscitado tanto debate y en la que han participado tantos grupos sociales, mostrando la buena salud de la democracia española, llegue al Parlamento sin que ningún grupo político presente textos alternativos y salga finalmente por la puerta de atrás. En España esta ley puede salir mucho mejor que en el resto de los países europeos gracias a la amplia participación de todos los grupos sociales en la elaboración de la misma”.

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