"Adelantarse a Europa en la 'Tasa Google' penaliza a España frente al resto de países"

El grueso de la industria tecnológica, asociado en las principales patronales del país, Ametic y DigitalES, se opone a la ‘Tasa Google’. Al menos en tiempo y formas. No comparte que el Gobierno no haya esperado a Europa para aprobar este llamado ‘impuesto digital’ que, a partir de enero del año que viene, gravará la actividad de las compañías más allá de su presencia física en España. De este modo, las empresas que ingresen más de 750 millones de euros a nivel mundial y cuya facturación supere en el país los tres millones, tributarán el 3% de sus beneficios para recaudar, según fuentes institucionales, unos 1.200 millones de euros por ejercicio. 

“Este adelanto en la implantación de la tasa penaliza a España frente a otros estados de la Unión Europea (UE)”, sostiene Alicia Richart, directora general de DigitalES. “Desde el principio hemos abogado por llegar a una fiscalidad homogénea, tanto a nivel de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de Comisión Europea (CE)". Estas palabras no excluyen que la asociación se muestre a favor de que “se paguen impuestos donde se generen los ingresos”, aunque, apostilla la directiva, “cabe recordar que las empresas de telecomunicaciones y tecnología ya están sometidas a una presión fiscal muy elevada en nuestro país”. 

Por su parte, desde Ametic mantienen su postura desde que se comenzase a redactar el borrador de la nueva ley. Es más, la organización encargó el estudio Impuesto sobre los servicios digitales a la consultora PwC y concluyó que las empresas usuarias de las grandes tecnológicas verán reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros. “El objetivo de este informe es recoger y cuantificar lo que nos parece un error del Gobierno”, dijo María Teresa Gómez Condado, directora general de la patronal, quien también añadió que la ‘Tasa Google’ puede suponer “un retroceso para la digitalización del país” y a su contribución en el PIB.

Asimismo, en declaraciones a ComputerWorld, Amalia Pelegrín, directora de política digital de Ametic, aseguró que los que más sufrirán las consecuencias serán los consumidores finales y las pymes. “Las grandes corporaciones trasladarán el impuesto a sus clientes, entre quienes se encuentra la pequeña empresa, que a su vez lo puede exportar al usuario final”. 

Un "salvavidas" para la economía española

Pensada para regular la actividad de gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Facebook (denominados GAFA) la tasa fue aprobada definitivamente la semana pasada por el Senado en su último examen institucional. En cualquier caso, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha indicado que el gravamen se modificará en armonía con las pretensiones de Bruselas en caso de alcanzarse un acuerdo comunitario. “España se ha dado mucha prisa en tomar esta decisión porque supone una suerte de salvavidas para su economía”, cree Enrique Dans, experto en nuevas tecnologías y asesor de innovación y nuevas tecnologías de IE University. No obstante, no se opone a la tasa: “Es esencial eliminar los recovecos legales que permiten a las empresas no pagar impuestos donde no tienen presencia física.Las compañías han aprendido a ‘hackear’ el actual sistema fiscal”. 

De todos modos, añade Dans, la fórmula más perfecta pasa por llegar a una solución arbitraria a nivel de Europa, e incluso del mundo, si cabe. “Esto tenemos que regularlo a nivel de tratado internacional y hacer justicia impositiva”. Además, esgrime, el impuesto no debe ir contra determinadas empresas, sino contra un problema que demuestra que la transformación digital va por delante de la legislación. “Internet pone de manifiesto que se han diluido las fronteras de la economía”.

En concordancia con esta opinión se muestra el economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio entre los años 2008 y 2011, Miguel Sebastián. “Me consta que, por ejemplo, Google está dispuesta a pagar. Pero no lo hará varias veces por lo mismo en Estados Unidos y luego en cada país”, subraya. “Me parece razonable esperar a un acuerdo internacional”. En cualquier caso, reflexiona, “es inaceptable que las grandes tecnológicas utilicen los resquicios de los paraísos fiscales, aprovechando su presencia global, para eludir impuestos”.