Bruselas no obligará a las 'big tech' a segmentar sus negocios
Según la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, esta sería una medida extrema que no se incluirá en el borrador de la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.
La nueva Ley de Servicios Digitales europea, cuyo borrador será público el próximo 2 de diciembre, no contemplará, en principio, la segmentación de los negocios de las big tech. El marco normativo que está ultimando la Comisión Europea (CE) quiere acabar con los monopolios de Internet mediante una lista de obligaciones que fomentará la apertura del mercado a competidores más pequeños. Sin embargo, y como ha confirmado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, no será necesario dividir los negocios de las empresas, tal y como recomendaba un informe que la propia CE publicó en febrero. En ese mismo pliego de licitación, las autoridades exponían que, por ejemplo, Amazon tendría que separar y clarificar su actividad tanto de minorista como de operador de mercado y desarrollador de aplicaciones.
“No creo que sea necesario llegar a aplicar tal medida”, ha señalado Vestager en declaraciones recogidas por Reuters. “La Unión Europea solo tomaría esta decisión en caso extremo”. En cualquier caso, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, sí que ha clarificado que la propuesta de ley incluirá un examen exhaustivo de estas empresas que podría llevar a obligarlas a vender parte de sus operaciones o a dividir negocios muy concretos en caso de amenazar los intereses de sus competidores.
Presumiblemente, el borrador sí que contemplará la necesidad de que las big tech abran sus datos a sus rivales si quieren explotarlos comercialmente. Además, no podrán impulsar sus servicios en virtud de sus acuerdos con terceros, como preinstalar sus aplicaciones en los sistemas operativos de otros desarrolladores.
Por última, la ley, que pasará su examen final ante el Parlamento Europeo (PE) en los próximos meses, también dictará medidas precisas para acabar con las noticias falsas y las publicaciones ilegales en las plataformas sociales. Así, las compañías tendrán que auditar las identidades de sus anunciantes y realizar informes públicos sobre sus acciones en tal apartado.
