Luz verde del Senado a la 'Tasa Google'

El Senado ha dado luz verde a la ‘Tasa Google’ que, no exenta de polémica, ha pasado su último examen institucional y entrará en vigor, según las previsiones, a principios de 2021. Se trata de un impuesto que adaptará las normas fiscales al proceso de digitalización actual y gravará la actividad de las compañías más allá de su presencia física en el país. De este modo, las compañías que ingresen más de 750 millones de euros a nivel mundial y cuya facturación supere en España los tres millones, tributarán el 3% de sus beneficios. Según cálculos del Gobierno, la medida podría recaudar unos 1.200 millones de euros al año.

Pensada para regular la actividad de gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Facebook (denominados GAFA), la tasa ha sido aprobada con la negativa inicial, y continuada a lo largo de los meses, de PP, Ciudadanos y Vox. La mera redacción del anteproyecto de ley ya había desatado las críticas de numerosas patronales tecnológicas y empresas del país. En primer lugar, se argumentaba que la decisión ha sido tomada de manera unilateral por el país, aunque desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, han asegurado que el impuesto se modificará en armonía con las pretensiones de Bruselas en caso de alcanzarse un acuerdo comunitario.

Asimismo, organizaciones como Ametic, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y Adigital suscribieron un manifiesto contra el impuesto digital en el que alegaban que la economía española pasaría a ser “menos productiva, innovadora, emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global”. Las patronales estiman que la medida no solo afectará a las grandes multinacionales, sino a todas las compañías nacionales subsidiarias que “compiten en un mundo globalizado”. De hecho, la propia Ametic encargó un estudio a la consultora PwC que concluye que la ‘tasa Google’ perjudicará a pymes y consumidores con la estimación de que las empresas españolas usuarias de servicios digitales reducirán sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros anuales en lo que consideran un “retroceso para la digitalización del país” y a su contribución en el PIB.