'Tasa Google', ¿un parche a la espera de una ley europea?

El pasado 16 de enero entró en vigor en España la nueva Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, popularmente conocida como ‘Tasa Google’, que gravará la actividad de las compañías más allá de su presencia física en el país. Este impuesto digital afectará a las grandes tecnológicas que ingresan más de 750 millones de euros anuales a nivel mundial y cuya facturación local supera los tres millones, ya que tributarán el 3% de sus beneficios. Estas empresas se representan en el imaginario colectivo bajo el acrónimo de GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), que, sumadas a otras gigantes, engordarán las arcas públicas en unos 1.200 millones de euros por ejercicio, según fuentes institucionales. No exenta de polémica, el Senado dio luz verde a la tasa en el mes de octubre. Y, es que, tanto el grueso de la patronal digital española como las propias impactadas se oponen a este mandato. Al menos en tiempo y formas. No comparten que el Gobierno no haya esperado al consenso europeo en la materia y haya aprobado la ley de forma unilateral, aunque sí estiman necesario buscar acuerdos comunitarios, ya que el problema de fondo existe y pasa por que “estas multinacionales facturan mucho y pagan muy poco, de una forma totalmente desproporcionada”, tal y como explica el analista principal de IDG Research, Alberto Bellé, quien estima que actual sistema impositivo está anticuado y no contempla la economía digital. 

Sin embargo, asegura, la urgencia del ejecutivo español y la preocupación de muchos otros gobiernos reside en que, en la actualidad, estas empresas sí tienen un impacto “importantísimo” en el mercado e incluso en la actividad diaria de los ciudadanos y pagan menos de la mitad de impuestos que abonan las empresas de sectores tradicionales; una media del 9,5% frente al 23,2%. “Es necesario repensar este modelo porque, de lo contrario, las organizaciones locales más pequeñas quedarían en desventaja”, dice Bellé. “Pero no a solas”, añade el analista, que se integra entre los que piensan que “este adelanto en la implantación de la tasa penaliza a España frente a otros estados de la Unión Europea (UE)”, tal y como sostiene Alicia Richart, directora general de DigitalES durante los meses en los que se debatió el impuesto y cuyo testigo al frente de la patronal ha recogido Víctor Calvo-Sotelo en las últimas semanas. “Desde el principio hemos abogado por llegar a una fiscalidad homogénea, tanto a nivel de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de Comisión Europea (CE)”. Estas palabras no excluyen, como se ha citado, que la asociación se muestre a favor de que “se paguen impuestos donde se generan los ingresos”, aunque, apostilla, “cabe recordar que las empresas de telecomunicaciones y tecnología ya están sometidas a una presión fiscal muy elevada en nuestro país”.

En cualquier caso, la unilateralidad de la tasa es provisional. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha repetido en múltiples ocasiones que el gravamen se modificará en armonía con las pretensiones de Bruselas cuando se alcance un acuerdo. No obstante, y a instancias de que se llegue a un beneplácito comunitario, desde Ametic advierten de que la ‘Tasa Google’ puede suponer un retroceso para la digitalización del país. De hecho, la organización ha encargado un estudio a la consultora PwC que concluye que las empresas usuarias de las grandes tecnológicas verán reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros. “Además, estas corporaciones trasladarán el impuesto a sus clientes, entre los que se encuentra la pyme, que a su vez lo puede exportar al usuario final”, argumenta Amalia Pelegrín, directora de política digital de Ametic.

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