Legislación
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Un grupo de 165 empresas pide a la UE atajar la actividad monopolística de Google

En una carta, dirigida a la comisaria de Competencia Margrethe Vestager, aseguran que la compañía "favorece injustamente sus propios servicios en sus resultados de búsqueda".

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Un grupo de 165 empresas, sitas en Estados Unidos, Reino Unido y en 21 países de la Unión Europea (UE), han añadido más presión a la redacción de la próxima Ley de Servicios Digitales comunitaria con una misiva en la que piden a los reguladores europeos que adopten una línea más dura contra Google ya que, según su juicio, favorece injustamente sus propios servicios en su buscador. Precisamente, la ley, cuyo borrador será público el próximo 2 de diciembre, tiene como objetivo acabar con los monopolios de Internet.

La carta, dirigida a la comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, asegura que la tecnológica brinda a sus servicios de alojamiento, viajes y empleos una ubicación preferencial en sus resultados de búsqueda, según publica Reuters. Una acusación que no es nueva, ya que Bruselas ha impuesto a la organización, en los últimos tres años, multas por valor de 8.250 millones de euros por favorecer sus servicios de comparación de compras, su sistema operativo Android y su negocio de publicidad.

Entre los firmantes se encuentran compañías como Trivago, Expedia, Yelp o Foundem, cuya denuncia desencadenó las primeras investigaciones contra Google. En la misma, aseguran que “si bien competimos entre  nosotros por la mejor experiencia de usuario, hay un actor, Google, que no compite de manera justa”.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias, un portavoz de Google ha indicado que “los usuarios esperan que les demos los resultados de búsqueda más relevantes y de alta calidad, no que prefiramos empresas específicas o a unos rivales sobre otros. Tampoco quieren que dejemos de lanzar servicios que crean más opciones para los europeos”.

 

Un marco normativo para favorecer la competencia libre

La nueva Ley de Servicios Digitales, que actualizará la actual Directiva de Comercio Electrónico, obligará a las llamadas ‘big tech’ a abrir los datos a sus competidores de menor tamaño si quieren explotarlos con fines comerciales. Además, no podrán impulsar sus propios servicios en virtud de sus acuerdos con terceros, como preinstalar sus aplicaciones en sistemas operativos de otros desarrolladores.  De hecho, y en conjunción con las quejas de las 165 empresas, la propia Vestager llegó a decir que “hemos llegado a depender de unas pocas plataformas digitales que nos ayudan, funcionando como un mapa, a encontrar lo que estamos buscando. Pero un mapa no es el mundo, y cada uno de ellos toma decisiones sobre lo que nos muestra y nos esconde, y esto moldea nuestros conocimientos sobre nuestras posibilidades”.



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