La tecnología, clave para transformar la Administración

La Administración General del Estado recoge un nuevo modelo de gobernanza de las TIC, así como el núcleo básico desde donde proveer servicios TIC comunes, desde la publicación de los decretos RD 806/2014 y RD 802/2014 en el BOE. El primero, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la AGE y sus Organismos Públicos. Mientras que el RD 802/2014 modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para dar cabida, entre otras cosas, a la estructura organizativa de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El paso dado con los decretos publicados en el BOE del 26 de septiembre ha sido aplaudido por ASTIC, a la vez que lo han considerado como un paso adelante en la reforma administrativa, si bien con ambos decretos “se comienza a sentar las bases de la continuidad en la modernización de la Administración, el camino es largo y pueden plantearse muchos obstáculos”.

Para la asociación, como ya apuntaban en su documento Una Administración General del Estado para la Sociedad de la Información difundido tras el nombramiento del Director de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (CIO), “era necesario dotarlo de la estructura necesaria para abordar los proyectos e iniciativas fundamentales para continuar avanzando en la transformación de la Administración”.

ASTIC considera que aunque a la Dirección TIC se le asignan numerosas funciones destinadas a la “racionalización” de los recursos TIC, utilizando términos como “consolidación”, “fomento de la compartición”, “implantación de servicios comunes de gestión centralizada”, no se puede olvidar que, en el conjunto del gasto de la Administración General del Estado, las TIC suponen aproximadamente el 4% de acuerdo con los informes que elabora la propia Administración, y que por tanto, el impacto de esta racionalización poco puede aportar en la reforma administrativa.

Además, según la asociación, hay que tener en cuenta que en ese 4% están incluidos tanto los recursos consolidables como los recursos TIC específicos de cada ministerio u organismo que son precisamente los que pueden permitir un margen mayor de ahorro en los demás servicios. Subrayan, que estas unidades no se deben disminuir en absoluto, sino que deberían potenciarse como la mejor palanca para producir la innovación y sus innumerables ventajas.

En ASTIC creen que para dotar a la Administración de la eficiencia de la que actualmente carece, la reforma de las TIC en la Administración no ha de realizarse de manera aislada, sino acompañada de la reforma de los procedimientos administrativos en los que ésta se apoya. Para ellos, para lograr este propósito la tecnología ha de estar imbricada en la organización, no como mero instrumento al servicio de complejos procedimientos burocratizados, sino como base para reorganizar y rediseñar estos procesos tal y como demandan los ciudadanos.

Además, consideran que la reorganización planteada en el RD 802/2014 no incluye entre las competencias de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las propuestas de reorganización y rediseño de procesos. En estas condiciones será necesario garantizar la participación activa y la capacidad de actuación de este nuevo órgano y de las demás unidades Tic en todo el proceso de reorganización y reingeniería de procesos administrativos que debe abordarse de forma generalizada en nuestra Administración.

Por otro lado, ASTIC insiste en que un factor crítico de éxito para que tal transformación tenga lugar es el apoyo del Gobierno al más alto nivel. En los países más desarrollados, la Dirección de Tecnologías se ha colocado en posiciones muy próximas a la Presidencia del Gobierno. Con ese fuerte impulso, introducir cambios en la organización resultaría viable. Sin embargo, tal y como refleja el RD 802/2014, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está embebida orgánicamente en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y depende funcionalmente de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Presidencia. Esta doble dependencia funcional puede ayudar a conseguir el apoyo necesario para hacer comprender al resto de la Administración la necesidad de emprender cambios, pero a su vez, también puede dificultar la toma de decisiones de una manera ágil y condicionada a distintos intereses.