IAB Spain también se pronuncia en contra de la ‘tasa digital’

La llamada ‘tasa digital’ o Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes (y que aún debe recibir luz verde por parte del Parlamento) se está granjeando numerosas voces críticas que reclaman la necesidad de llegar a un acuerdo internacional en lo que respecta al abordaje de una nueva fiscalidad que afecte a las empresas que operan en los entornos digitales y sean intensivas en el uso de datos. La nueva tasa, prevista ya por el anterior Gobierno popular pues es un impuesto propuesto en la Unión Europea, aunque aún no existe un acuerdo en Bruselas sobre cómo y cuándo articularlo de forma coordinada en todos los países miembros, gravará un 3% los ingresos generados por la publicidad online, la intermediación en línea y la venta de datos recopilada de la información que proporcionan los usuarios. Es decir, afecta a las empresas que se dedican a las actividades antes mencionadas y que facturan más de 750 millones de euros en nuestro país aunque solo generen 3 millones de euros. 

Desde IAB Spain, en línea con otras asociaciones del sector tecnológico como Ametic o Digitales, alertan de que la nueva ley puede “comprometer la competitividad de los operadores nacionales en un mercado global, ignorando los esfuerzos por alcanzar un consenso internacional en la materia”. Desde la asociación se prevén “importantes consecuencias para la competitividad en España respecto al conjunto de la Unión Europea” y subrayan que la creación de este nuevo impuesto no debe abordarse a nivel nacional, sino internacional.

“La asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España siempre ha mostrado su disposición a adecuar el marco tributario actual a las particularidades de Internet”, reza un comunicado lanzado por la entidad. “Sin embargo, una tecnología global y ubicua precisa de soluciones acordadas a nivel internacional, que se apliquen de un modo uniforme a los operadores de los diferentes países y que no introduzcan desequilibrios entre las empresas de unos u otros mercados”, añade.

Cargas tecnológicas y administrativas

La norma, apuntan desde IAB, impone una serie de cargas tecnológicas y administrativas para las empresas “que requerirán, sin duda, de importantes inversiones, que habrán de ser abordadas en un contexto de clara inseguridad jurídica, sometido a próximos cambios por el legislador europeo”.

Además, apuntan, la naturaleza indirecta del impuesto gravaría los ingresos y no los beneficios de sus sujetos pasivos. “Esto impactará esencialmente sobre las empresas españolas, que dirigen mayoritariamente sus servicios al territorio nacional, redundando en una menor competitividad para nuestra industria digital. Cabe destacar que el propio Consejo de la UE emitió recientemente un informe jurídico cuestionando que verdaderamente encaje en el concepto de un impuesto de naturaleza indirecta”.

Desde IAB Spain recuerdan que ya remitieron sus aportaciones al trámite de consulta pública, manifestando su “completa disconformidad” con el anteproyecto planteado. Ahora reiteran su voluntad de trabajar proactivamente con el regulador en esta y otras cuestiones que afectan a la industria digital.

Contexto internacional

Según desveló hace unos días al diario Journal du Dimanche el ministro francés de finanzas Bruno Le Maire, a finales de marzo podría alcanzarse un acuerdo en lo que respecta a crear un impuesto digital a nivel de la Unión Europea. Francia espera empezar a aplicar un impuesto similar con el que sus arcas públicas recaudarán unos 500 millones de euros a lo largo de 2019. Reino Unido también anunció que tendrá una tasa para las tecnológicas a partir de abril de 2020.

En España la nueva tasa aportará unos 1.200 millones de euros a las arcas públicas, según las estimaciones realizadas por la Agencia Tributaria.