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Indra y Software AG urdieron un cártel de servicios de TI para la Administración española

Competencia impone una multa de casi 30 millones de euros a ambas empresas junto a otras participantes de la trama: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next.

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Las investigaciones iniciadas en 2015 y dadas a conocer en 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respecto a la supuesta participación de numerosas empresas de servicios de informática en un trama empresarial para el repartirse el mercado en España ha culminado con una multa de 29,9 millones de euros. Tal y como ha hecho público la propia CNMC, esta sanción afecta a 11 empresas por haber creado un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública.

La trama —instigada por Indra y Software AG y en la que participaron Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next— se repartió los clientes, pactó precios y condiciones comerciales para encarecer los contratos de servicios informáticos a la Administración. Según la CNMC, el fraude duró nada menos que 15 años y que se conoció gracias una denuncia realizada por uno de los organismos afectados: la Agencia Tributaria. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo (SEPE) y el Instituto Cervantes son algunos organismos a los que ha suministrado servicios el cártel.

Los instigadores de la trama, Indra y Software AG, son las empresas que han recibido sanciones más elevadas: de 13,5 y 6 millones de euros. Las multas de las otras empresas varían en función del grado de responsabilidad con el que participaron en la trama. Así, la multa de Atos asciende a 5 millones, la de Connectis a 1,8 millones, la de IBM a 940.000 euros, la de Everis a 800.000 euros, la de Babel a 633.917 euros, la de Cibernos a 616.038 euros, la de Gesein a 320.969 euros, la de Accenture SL y Accenture Outsourcing Services a 300.000 euros y la de Next Computer Services a 46.760 euros. Se cree que en la trama también participaron otras consultoras —en las primeras investigaciones de la CNMC se habló de Iecisa y Axpe Consulting— pero Competencia ha desestimado la multa por carecer de pruebas suficientes.

Las empresas afectadas podrán interponer, si lo consideran pertinente, un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Según fuentes del sector consultadas por ComputerWorld, en Indra consideran que esta decisión "no se ajusta a Derecho, por exceso en la calificación de los hechos y desproporción en la sanción", de modo que la compañía la recurrirá judicialmente ante la Audiencia Nacional. Desde Everis, apuntan: "Reafirmamos  que no hemos incurrido en ninguna práctica anticompetencia, por lo que vamos a recurrir la resolución y pediremos la suspensión de la sanción”. También en IBM piensan recurrir. Fuentes de la compañía nos detallan: "IBM España ha actuado en cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y rechaza las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. IBM recurrirá la resolución".

 

'Modus operandi' del cártel

Tal y como se describe en el expediente de la CNMC las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. Las conductas ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían “bien mediante la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental; mediante la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; o la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores". Con todo ello, recuerda la CNMC, se reducía la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público.


 



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