La Agencia Tributaria registra dos sedes de Google en Madrid por presunta evasión fiscal
Otra vez el gigante tecnológico vuelve a estar en el punto de mira de las autoridades tras los casos en París y Londres. Se trata de una práctica extendida en el sector tecnológico. Mientras, la empresa se defiende.
Según recoge el periódico El Mundo, la Agencia Tributaria ha registrado en la mañana del jueves dos sedes de Google en Madrid, por posible evasión fiscal y fraude. En concreto, se trata de las oficinas de la Torre Picasso y el Campus Google. Las sospechas de Hacienda se centran en que el gigante tecnológico no está declarando parte de sus actividades en España.
La noticia puede comprometer la actividad de Google en el país, ya que tiene grandes clientes como Seur o BBVA. Sin embargo, las prácticas no son nuevas. Hace un mes las autoridades francesas investigaron los edificios de la compañía en París por este mismo motivo. Además, en enero la empresa acordó un pago de 130 millones de libras a la administración británica por impuestos atrasados entre 2005 y 2015. Y en España, el fisco ya abrió una investigación en 2011, ya que su filial Google Spain apenas pagaba impuesto de sociedades. Por su parte, desde la compañía han deslizado la idea de que están cumpliendo con la ley y que están cooperando con las autoridades en todo momento.
El problema no es solo de la empresa afincada en Irlanda. Como afirma Jaime García, analista independiente, a ComputerWorld “desgraciadamente, aunque hoy sea noticia Google en particular, esta práctica de ingeniería financiera está extendida en todos los grandes gigantes tecnológicos, como Amazon o Apple sin ir más lejos. De hecho, del 80% de los Iphones que Apple vende en España se contabilizan por Apple Irlanda”.
En realidad, apunta el experto, todos estos jugadores pagan pocos impuestos para la cantidad que facturan localmente. “La política fiscal es complicada y también ocurre igual en otros países, no sólo en España. Lo que estas multinacionales defienden es que aprovechan resquicios existentes dentro de la legalidad para abonar menos impuestos. Aquí surge el dilema de si, aun siendo legal, esta práctica es ética”. A fin de cuentas, añade García Cantero, lo que ocurre es que “las normas españolas y también europeas no están preparadas para estas compañías”.
