La ‘tasa digital’ reducirá en más de 500 millones de euros el beneficio de las pymes en España

Ametic vuelve a la carga. La patronal tecnológica liderada por Pedro Mier alerta, una vez más, de las “graves consecuencias” que tendrá para la economía española la llamada ‘tasa digital’ o ‘tasa Google’, que el Gobierno espera aplicar próximamente. Desde la asociación avanzan los resultados preliminares del Estudio de Impacto de la propuesta de impuesto sobre la economía española, que PwC está realizando a petición de Ametic y Adigital y que se hará público a principios de año, y en el que se detalla cómo la traslación del impuesto a lo largo de la cadena de valor tendrá efectos negativos sobre las pequeñas y medianas empresas, los usuarios y consumidores y el emprendimiento.

En concreto, el informe habla de que las pequeñas y medianas empresas que usan las plataformas digitales experimentarán una reducción en sus beneficios de entre 528 y 634 millones de euros, a pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseveró en la presentación del Anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales que esta tasa no afectará a las pymes, sino a las empresas dedicadas a publicidad online, la intermediación en línea y la venta de datos recopilada de la información que proporcionan los usuarios que “facturan más de 750 millones de euros en nuestro país aunque solo generen 3 millones de euros”.
 

Impacto negativo en la economía española

En un comunicado emitido por la asociación lamentan la “acción unilateral del Gobierno de España sobre la ‘tasa digital’, que sigue adelante con el impuesto sobre determinados servicios digitales, sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo”. La patronal, reza el escrito, “considera que en el contexto de una economía globalizada cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel global a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

España, afirman, sería el primer país de la Unión Europea en aplicar una medida de este tipo, “que impactará negativamente en la economía española, aumentando el coste del capital, desincentivando la atracción de inversiones, respecto a otros países en los que no se haya creado este impuesto y, por tanto, reduciendo el crecimiento económico”. Aspectos que, según la asociación, “perjudicarán tanto a la innovación como a la posición digital, situando a España en una situación de desventaja competitiva respecto al resto de países europeos y del mundo, tratándose en la práctica de un impuesto a la exportación. Además, rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, y generaría problemas de doble tributación”.

No obstante, no hay que olvidar que Francia, tal y como avanzó hace unos días su ministro de Finanzas, Bruno le Maire, comenzará a aplicar un impuesto similar el próximo 1 de enero, con el que sus arcas públicas esperan recaudar 500 millones de euros a lo largo de 2019. El país vecino tampoco ha esperado a que en el seno de la Unión Europea o desde la OCDE se llegue a un consenso sobre la idoneidad de establecer este tipo de impuestos a las empresas de tecnología. Reino Unido también ha anunciado que tendrá una tasa para las tecnológicas a partir de abril de 2020, según anunció el ministro de hacienda británico Philip Hammond.