¿Plantea problemas de privacidad la nueva Ley de Telecomunicaciones que prepara el Gobierno?

En las últimas semanas el Gobierno ha ido dejando caer detalles de la nueva Ley de Telecomunicaciones que está preparando y que se presentará al Congreso el próximo noviembre. Con la información que ha ido saliendo, saltaron las alarmas ante el la noticia de que con el cambio en la normativa, el Gobierno podría 'intervenir Whatsapp y Telegram para acceder a los teléfonos móviles y enviar mensajes". 

De momento el anteproyecto aún no está cerrado y podrán añadirse elementos o modificarse hasta el próximo 13 de octubre. 

Entre las novedades sí destaca el hecho de que los servicios de mensajería, como es el caso de Whatsapp o Telegram, pasarán a ser considerados operadores. Dicho esto, la nueva Ley de Telecomunicaciones obligará a estas aplicaciones a atenerse a las normativas que hasta ahora no les afectaban. 

“Teniendo en cuenta que son mensajes globales de servicio público y, que por tanto, el gobierno no maneja datos personales de los usuarios, creo que no plantea problemas, si se usa sólo en casa de una emergencia” 

Al tratar el tema con el abogado experto en nuevas tecnologías, Borja Adsuara, éste explica que la modificación que se propone en el Anteproyecto de Ley es muy limitada. 

Así, la futura Ley de Telecomunicaciones tendrá el efecto de que servicios como WhatsApp estarán sujetos a obligaciones que hasta ahora no les afectaban por tener una consideración diferente, pues el artículo 4.6 de la actual ley, ya contempla la intervención de las redes por parte del Gobierno, la novedad es que ahora también entra en la ecuación Whatsapp. 

“Teniendo en cuenta que son mensajes globales de servicio público y, que por tanto, el gobierno no maneja datos personales de los usuarios, creo que no plantea problemas, si se usa sólo en casa de una emergencia” explica Adsuara.

Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, explicaba a ComputerWorld, que la ley es positiva y "mejora las obligaciones del sector con los usuarios", si bien también expone que "quizás las formas del proyecto no han sido las más adecuadas".

Un paso hacia la modernización

Por otro lado, la también abogada Andrea Camps, considera que este movimiento puede tratarse además, de un intento de modernización de la comunicación entre administración del Estado y ciudadanía, ya que " las publicaciones en boletines oficiales no son medios de comunicación muy efectivos".

En lo relativo a la seguridad de los datos, la abogada sostiene que al al intervenir los servicios de telecomunicaciones tendrán acceso a datos identificativos (nombre, teléfono, etc) con el único fin de emitir alertas. Algo que ya ocurre en cierto modo con el GDPR, pues contempla que en ciertos casos de interés público o naturales, como pueden ser situaciones de emergencia humanitaria, catástrofes naturales, etc, sea lícito el tratamiento de ciertos datos personales.