Negocio | Noticias | 07 SEP 2018

Software AG e Indra recurrirán el caso del ‘cártel informático’

Las principales empresas involucradas en una trama para repartirse el mercado de servicios de TI en España recurrirán las sanciones impuestas por Competencia. Así lo harán Software AG, Indra, IBM y Everis, como ha podido saber ComputerWorld.
justicia ley
Esther Macías

Software AG, Indra, IBM y Everis no están de acuerdo con la sanción que les interpuso el pasado mes de agosto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber creado junto con otras siete empresas más un cártel para el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos en la Administración Pública. Por ello, y porque niegan haber incumplido la normativa existente, recurrirán la multa ante la Audiencia Nacional, tal y como han confirmado fuentes de estas compañías y del sector a ComputerWorld.

La sanción en cuestión asciende en su totalidad a 29,9 millones de euros. Las empresas instigadoras de la trama según la CNMC, Indra y Software AG, son las que recibieron multas más elevadas: de 13,5 y 6 millones de euros. Las de las otras empresas varían en función del grado de responsabilidad con el que participaron en la trama. En concreto, la multa de IBM asciende a 940.000 euros y la de Everis a 800.000 euros. Aunque Competencia cree que además de las 11 empresas sancionadas —Indra, Software AG, Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next— participaron otras —en las primeras investigaciones de la CNMC se habló de Iecisa y Axpe Consulting— finalmente el organismo no las ha multado por carecer de pruebas suficientes al respecto.

ComputerWorld ha intentado ponerse en contacto con las empresas presuntamente involucradas en la trama y sancionadas. Muchas prefieren callar. Otras defienden su inocencia, como es el caso de Software AG, Everis e IBM, que recurrirán la sanción. También lo hará Indra. Tal y como ha podido conocer esta publicación por fuentes del sector, en la compañía consideran que esta decisión "no se ajusta a Derecho, por exceso en la calificación de los hechos y desproporción en la sanción", de modo que también recurrirá judicialmente ante la Audiencia Nacional.

Desde Software AG nos explican su postura con detalle: “Los días 28 y 29 de octubre de 2015, Software AG España fue notificada de que la CNMC había incoado un procedimiento de infracción contra 11 empresas activas en el sector de las tecnologías de la información. En línea con la transparencia total, este caso había sido cubierto en el informe anual público de Software AG en 2015, 2016 y 2017. El Consejo de la CNMC ha concluido que Software AG España se encontraba entre las empresas infractoras bajo la sospecha de un acuerdo anticompetitivo. Software AG no está de acuerdo con esta decisión y explorará todas las posibilidades de apelación”.

Fuentes de la empresa recalcan que la “constante atención a las necesidades del cliente es una práctica común en Software AG. Todas las actividades fueron siempre en interés del cliente y con total transparencia”. Además, afirman que el riesgo resultante de esta infracción abierta ya se ha consignado en las cuentas, de modo que la compañía “no espera ningún efecto de P&L en sus resultados financieros del tercer trimestre y del año fiscal 2018 debido a esta decisión”. “Software AG mantiene su compromiso de llevar a cabo todas sus actividades comerciales en el pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables”, concluyen.

Fuentes de Everis reafirman, por su parte, “no haber incurrido en ninguna práctica anticompetencia, por lo que vamos a recurrir la resolución y pediremos la suspensión de la sanción”.

Y, finalmente, desde el Gigante Azul apuntan: "IBM España ha actuado en cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y rechaza las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. IBM recurrirá la resolución".

Según la CNMC, el fraude duró 15 años y que se conoció gracias una denuncia realizada por uno de los organismos afectados: la Agencia Tributaria. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo (SEPE) y el Instituto Cervantes son algunos entes a los que ha suministrado servicios el supuesto cártel.



 


 



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