La Administración electrónica como derecho

La integración coherente de los medios sociales en la cultura y en la estructura empresarial puede aportar nuevos valores diferenciales que permiten a las organizaciones dar saltos cualitativos respecto a su competencia. La entrada en vigor de los derechos recogidos en la Ley 11/2007 el 31 de diciembre de 2009 trasciende el aspecto de poder acceder telemáticamente a los servicios públicos: el desafío se extiende a elementos internos y poco vistosos para el ciudadano pero críticos para la Administración, como la seguridad, la pervivencia de los documentos o la integridad de los expedientes, aspectos que no se han acabado de desarrollar plenamente. 
Muchas administraciones no han sido capaces de cumplir con el objetivo de ofertar todos sus servicios on-line. Los problemas vienen, principalmente, de la falta de normas específicas o de las necesidades de este cambio, que son la definición de un modelo tecnológico organizativo y de un esquema interoperable y la ruptura con la cultura tradicional de las Administraciones Públicas. Estos cambios se solapan con otras iniciativas de similar envergadura, como la Directiva de Servicios o el desarrollo de la Ley de Contratos, que tienen un componente importante de procesos digitales entre sus objetivos. La Administración electrónica ya no es simplemente un objeto de legislación, sino un enfoque que afecta a todas las iniciativas pioneras que envuelven a los poderes públicos. A partir de esta fecha, el término “Administración electrónica” es cada vez menos “electrónica” y más “Administración”.
Pese a todo, la inversión pública se ha restringido o se ha dirigido a sectores económicos más tradicionales. En definitiva, los distintos gobiernos tienen que afrontar un cambio sin precedentes con pocas balas y sin saber claramente hacia dónde se debe dirigir el tiro. Por ello, es necesario definir las claves para que los cambios sean un éxito en lugar de un problema.

1. Comprar algo útil y rea. Muchas de las soluciones para Administraciones públicas no se adaptan a las particularidades y las necesidades que tienen los poderes públicos de transparencia, equidad y seguridad del procedimiento.

2. No convertir la solución en director general. Las limitaciones de una solución pueden poner literalmente patas arriba procesos consolidados en la organización. El éxito será tan grande como el equilibrio entre adaptación y transformación de los recursos tecnológicos.

3. No atarse a un solo proveedor. Muchos desarrollos son tan específicos y definidos que obligan a mantener una relación de fidelidad eterna con los proveedores, que son los únicos que saben mantener y evolucionar las soluciones y los formatos.

4. Que las herramientas sean específicas no significa que se tengan que generar silos. La especialización y la calidad de los resultados de las soluciones tecnológicas es un binomio estable. Sin embargo, las organizaciones no siguen habitualmente la relación vertical del mercado, sino que entrecruzan en cada departamento necesidades de personal, finanzas, compras, etc. Es necesario un enfoque de soluciones que permita un tratamiento integral de la organización orientado a procesos y no a la estructura del mercado de soluciones.

5. Mirar más allá de lo urgente. Hay que tener presente que existen muchos temas que tendrán que abordarse en el futuro. Aspectos referentes a documentos, expedientes o la firma pueden hacer que lo que hoy es un desarrollo clave para su organización, no valga nada a futuro.

El salto de la Administración electrónica a la Administración ha comenzado y no hay marcha atrás. La transición marca el futuro de cada una de las organizaciones de gobierno. Cualquier transformación debe plantearse en términos estratégicos e integrales para evitar desajustes y pasos en falso, que pagarían las administraciones y, especialmente, todos los ciudadanos.


Sergio Jiménez Meroño
Product Manager IG4S, Realtech España