Outsourcing en la Administración
Dos recientes contratos cuantitativamente importantes en el campo del outsourcing -Caixa y Endesa- han servido para animar a las empresas que prestan servicios en este mercado, por entender que se trata de destacados ejemplos para estimular y convencer a grandes cuentas (incluidas las de colectivos tan herméticos como el de las entidades financieras). Contando ya con referencias en sectores emblemáticos por el volumen de negocio que generan, queda todavía en España uno aparentemente inabordable, y que cuenta con capacidad de polarizar gran número de contrataciones: la Administración Pública.
Pensar en la posibilidad de que la Administración Pública haga uso del outsourcing para externalizar funciones informáticas, se ha considerado una quimera por parte de empresas que ofrecen este tipo de servicios. Y no porque, a juicio de estas, dejen de existir áreas concretas donde podrían tener lugar las primeras experiencias en este sentido, sino porque no veían claro que, de acuerdo con la legislación vigente, se pudieran realizar operaciones sin levantar olas de preocupación e incertidumbre entre los funcionarios. Pero al haberse llevado a cabo contratos de esta índole en otras administraciones europeas -las referencias de los Estados Unidos quedan demasiado lejos- con predominio de resultados satisfactorios, y al tener próximos mayor número de nuevos clientes a los que poder consultar -junto con un creciente reconocimiento, entre los altos cargos, de lo útil que puede resultar este servicio en parcelas y actividades concretas- se abren fundadas expectativas en el sentido de que la Administración española podría estudiar la situación con parámetros de rentabilidad y de eficacia, sin perder nunca el horizonte de la atención al ciudadano.
La vocación privatizadora tan exaltada, proclamada, y tenazmente reiterada por los miembros del equipo gobernante, puede servir de acicate y justificación para que el outsourcing vaya tomando posiciones en el tejido de la Administración, demostrando las ventajas que aporta y ahuyentando, en las diversas capas del funcionariado, los fantasmas de nocivas repercusiones en la estabilidad del empleo. Para ello, sería recomendable que las primeras contrataciones de este servicio lo fueran con empresas que tienen acreditada amplia experiencia y ofrecen garantías sólidas para tranquilizar y dar respaldo a las decisiones de quienes creen en la apuesta y por eso la defienden y tratan de impulsarla. El campo abonado para esta fase experimental podría ser el de los nuevos servicios y el de las telecomunicaciones, donde escasearán expertos y especialistas en número suficiente para dar réplica a la demanda de necesidades despertadas con este boom. Sin olvidar, en esta etapa de captación de voluntades, la definición de un marco de opciones alternativas en el que el funcionario encuentre protección y posibilidades de retorno durante un determinado período de tiempo.
El outsourcing en la Administración puede paliar falta de recursos y, además, ser rentable.
