La leyes antimonopolio de la UE, entre el freno a los gigantes estadounidenses y la búsqueda de innovación

“¿Por qué no tenemos un Google o un Amazon europeos? Con la buena intención de protegernos, la regulación no hace más que poner trabas a las empresas locales. La red social Tuenti llegó a ser más importante que Facebook y, ¿qué pasó? Se intenta limitar a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China, pero, ¿ahora que ya han acumulado tanto poder?” Estas reflexiones son de Borja Adsuara, experto en nuevas tecnologías y exdirector general de Red.es, entre otros cargos institucionales, a tenor de la reciente aprobación de la Ley de Mercados Digitales (DMA, de sus siglas inglesas) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que suponen un intento por controlar el poder y la actividad de las denominadas big tech o GAFAM -Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft- en el Viejo Continente y que sustituyen a la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. En concreto, esclareció la Comisión Europea (CE) tras su votación el pasado mes de julio, tratan de “abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico” y “establecer normas claras que regulen el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de estas compañías en la Unión Europea (UE)”. 

El primero de los escritos, el DMA, que será de obligado cumplimiento a partir de octubre, frenará el control de estas multinacionales sobre los datos de los ciudadanos locales, lo que podría obligar a estas empresas a cambiar incluso sus modelos de negocio ya que se establecerán marcos de competencia para evitar monopolios y se diseñarán las normas de acceso a sus plataformas. Es decir, tendrán que hacer que sus servicios de mensajería sean interoperables y proporcionar a los usuarios corporativos acceso a su información para que estos puedan promocionar productos y servicios de la competencia en sus propias plataformas. La DMA solo se aplicará a organizaciones cuya capitalización bursátil supere los 75.000 millones de euros, obtengan al menos 7.500 millones de beneficios de facturación anual y tengan 45 millones de usuarios en el continente, por lo que está dirigida principalmente a estos gigantes. Las multas por incumplimiento serán de hasta un 10% de sus ingresos anuales, y hasta de un 20% en caso de reincidencia.

Lo más importante de esta norma, dice Adsuara, es la figura del gatekeeper (guardián en línea). “Es en este aspecto donde se quiere abrir la competencia”. Pero, por otra parte, estima, se va contra los marketplace. El experto pone el ejemplo de los ecosistemas Apple y Android. “Si obligas a iOS a abrirse, tiras su valla y rompes valores intrínsecos de la empresa como la seguridad, la obligas a convertirse en Android. El usuario tiene derecho a elegir si quiere jugar en un escenario abierto o cerrado y más seguro”. El problema que ve el abogado pasa porque, desde el derecho romano, Europa tiene un código legislativo cerrado y muy poco “incentivador” de cara a la innovación. “En Estados Unidos, todo lo que no está regulado está permitido, y aquí sucede lo contrario”, argumenta. “Y la innovación es justamente lo que no se puede prever, y si no se puede prever no se puede regular. Nunca vamos a tener gigantes tecnológicos propios porque cuesta muchísimo poner en marcha una empresa para la que no hay una norma adecuada, y la que hay es un obstáculo. Por eso nuestras organizaciones se marchan del territorio. Somos los árbitros del terreno de juego, todas las multinacionales quieren operar aquí, pero no tenemos el mismo nivel de jugadores”.

En cualquier caso, prosigue Adsuara, “yo me desmarco a favor de cumplir la ley continental porque nuestras firmas lo hacen y las de fuera no son mejores. Pero, al mismo tiempo, algo estamos haciendo mal. ¿Por qué no tenemos un Facebook local?”, se vuelve a preguntar. 

"En Estados Unidos, todo lo que no está regulado está permitido, y en Europa sucede lo contrario; la innovación no se puede prever"

Borja Adsuara, abogado experto en nuevas tecnologías

El caso Google como ejemplo de armonización

Fernando Maldonado, analista principal de IDG Research, ve el debate desde otro prisma. Asegura que las cuestiones de competencia siempre han estado en boga de las preocupaciones del legislador, pero que era necesario poner un marco al escenario digital, que hasta ahora se ha comportado como el “salvaje oeste”. Y pone el ejemplo del caso Google. El buscador más famoso del globo ha sido objeto, en los últimos años, de varias investigaciones de la UE. La más reciente comenzó en 2018 y acaba de culminar con una sanción histórica, la más importante de la historia del Viejo Continente, por valor de 4.125 millones de euros por imponer a los fabricantes de teléfonos móviles que implantaran su buscador como referencia en Android. Además, en 2017 fue sancionada con 2.400 millones de euros por favorecer sus productos. 

“Con la nueva normativa se aporta una guía, una referencia global a los países de lo que se puede hacer y lo que no para que no se estudie caso a caso, aunque cada geografía la ejecute de una manera distinta”, expresa Maldonado. La duda que le surge es que finalmente no se castiga la posición de dominio, sino el abuso de esa posición. 

En cuanto a la innovación, el analista no cree que la DMA suponga un freno. “No creo que las empresas europeas no puedan competir porque partan de otra posición, esto tiene que ver más con cómo se regula el mercado”, asiente. “Entiendo los argumentos contrarios, pero, ¿por qué esa innovación se tiene que producir a costa de que el tablero no sea competitivo? No se puede innovar a cualquier precio”.  

Otra de las dudas que surgen pasa por si la UE tendrá los recursos necesarios para poder controlar esta esfera. La comisaria de Competencia Margrethe Vestager, ha establecido un grupo de trabajo al que se sumarán unas 80 personas, algo que parece insuficiente a ojos de muchos analistas. De hecho, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) indicó en un comunicado que “si la Comisión no contrata a los expertos necesarios para monitorizar las prácticas de las grandes tecnológicas, la legislación podría verse obstaculizada”. “¿Puede hacer un seguimiento real de estas prácticas”, cuestiona Maldonado. “Estas empresas sí que tienen los recursos necesarios a la hora de invertir en abogados”.

"¿Por que la innovación ha de hacerse a costa de que el tablero de juego no sea competitivo?"

Fernando Maldonado, analista principal de IDG Research

Polémica en torno a la moderación de contenidos

La otra normativa mencionada, la DSA, y que complementa a la DMA, está dirigida a las redes sociales y los ecommerce para enfrentar la desinformación y la difusión de contenidos falsos. Esta incluye objetivos como el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas sobre el uso de sus algoritmos o, en el caso de los comercios electrónicos, el endurecimiento de los requisitos de trazabilidad sobre la seguridad de sus productos. Asimismo, se prohíben algunos tipos de publicidad selectiva, como la dirigida a los menores de edad o los anuncios basados en datos confidenciales. La ley contempla multas de hasta el 6% de la facturación anual. 

Para ambos expertos, este es un tema “complejo”. Por ejemplo, Maldonado aboga por ir “mejorando poco a poco” en cuanto a esta rendición de cuentas de contenidos. “Debe haber una guía referente para que una organización, con sus propios criterios, no se vea forzada a hacer la moderación de la información que se publica en su plataforma. El problema de fondo es que tiene que haber un entendimiento, es una cuestión de equilibrio”.

Por su parte, Adsuara sí que ve un “grave” conflicto con el derecho a la libertad de expresión. “Lo único que determinaba borrar un contenido era el principio de legalidad. Pero, ¿quién dice ahora si algo es información o contenido del odio? "Ya no será el derecho sino las propias plataformas, con cierta censura que los gobiernos pueden imponer si algo no va en consonancia con el discurso oficial. Los ciudadanos nos enfrentamos a dos tipos de cortapisas; la de las propias redes sociales, ya sea por cuestión de anunciantes o temas comerciales, y la de las administraciones públicas”.

No obstante, añade, la DSA prevé la inclusión de un organismo sectorial independiente que actúe entre las plataformas, el regulador y los tribunales. Adsuara destaca la importancia de su independencia. “No puede ser que cada red social tenga sus propias normas y que se les dé más poder y responsabilidad. Escribir tonterías en Internet no es ilegal. El único límite a la libertad de expresión es la ley, y esto es algo que deben tener claro todos los ciudadanos”.