¿Contrarreforma fiscal de la Sociedad de la información?
Cuando parecía que en España existía un casi absoluto consenso que abarcaba a Senado, Gobierno y sociedad civil, sobre la necesidad de converger con la UE en Sociedad de la Información e innovación, y arrancaban iniciativas como el programa “Ingenio 2010” y el Plan “Avanza” que, aún incompletas, estaban bien orientadas, aparece en escena un proyecto de ley de reforma del Impuesto de Sociedades que, de llevarse a cabo, supondría un considerable freno a la posibilidad de que nuestro país alcance los objetivos de convergencia que ¿todos? anhelábamos.
Con la excusa de una rebaja impositiva del tipo actual del 35 al 30% –aún alejada, por cierto, de otros países de la UE–, el Gobierno anularía todas las deducciones hoy vigentes, entre las que destacan: inversión en TIC, I+D, formación y exportación.
Con esta medida las empresas menos innovadoras, es decir, las que apenas invierten en TIC, no hacen I+D, no gastan en formación, ni exportan, se beneficiarían de una presión fiscal menor que la que padecen ahora. Por el contrario, las más dinámicas, las que hasta ahora se beneficiaban de las citadas deducciones, verían aumentar su presión fiscal que hoy, como media y después de restar deducciones, quizá se sitúe cerca del 28%, para pasar al 30 por ciento.
Si tradicionalmente las políticas de los gobiernos españoles han favorecido en mayor medida las actividades económicas menos abiertas a la competencia y, por tanto, poco innovadoras, la reforma fiscal que ahora se nos propone abundaría aún más en esa dirección equivocada, rebajando en 5 puntos la fiscalidad a la “vieja economía” y aumentando en 2 la de la “nueva economía”.
Llama la atención que en la exposición de motivos del proyecto de ley, la anulación de las deducciones fiscales se argumente sobre la base de la globalización, la competitividad internacional y la convergencia con la UE. Su puesta en vigor implicaría justamente lo contrario.
La “contrarreforma fiscal” que se nos propone supondría un nuevo e inmerecido castigo a un sector que, siendo el más abierto a la competencia e intensivo en innovación de nuestro país, se vería de nuevo negativamente discriminado –las telecomunicaciones sufren una sobrepresión fiscal injustificada– respecto de los demás sectores de nuestra economía.
No se entiende bien que un Gobierno que promete -¡y cumple!- incrementos de gasto público en I+D superiores al 25% anual, que incita a las empresas a aumentar todavía más su apuesta por la innovación y que trata de impulsar la convergencia con la UE en Sociedad de la Información, dé un giro verdaderamente copernicano a su política y decida, vía impositiva, castigar las empresas de la nueva economía mientras beneficia comparativamente a los sectores que menos contribuyen a la productividad y, por tanto, a la competitividad de la economía española.
En vez de la reforma fiscal en ciernes, lo que España necesita es: una rebaja del tipo del impuesto de sociedades aún mayor, para dejarlo en un 25% que nos permita competir con la UE; mantener las deducciones que favorecen a las empresas más competitivas, es decir, a las que más invierten en tecnología e innovación; reducir la injustificada sobrepresión fiscal que padecen las telecomunicaciones; y bajar considerablemente el coste de la seguridad social –¡casi el doble de la media de la UE y OCDE!– de las empresas.
Jesús Banegas Núñez, presidente de Aetic
Con la excusa de una rebaja impositiva del tipo actual del 35 al 30% –aún alejada, por cierto, de otros países de la UE–, el Gobierno anularía todas las deducciones hoy vigentes, entre las que destacan: inversión en TIC, I+D, formación y exportación.
Con esta medida las empresas menos innovadoras, es decir, las que apenas invierten en TIC, no hacen I+D, no gastan en formación, ni exportan, se beneficiarían de una presión fiscal menor que la que padecen ahora. Por el contrario, las más dinámicas, las que hasta ahora se beneficiaban de las citadas deducciones, verían aumentar su presión fiscal que hoy, como media y después de restar deducciones, quizá se sitúe cerca del 28%, para pasar al 30 por ciento.
Si tradicionalmente las políticas de los gobiernos españoles han favorecido en mayor medida las actividades económicas menos abiertas a la competencia y, por tanto, poco innovadoras, la reforma fiscal que ahora se nos propone abundaría aún más en esa dirección equivocada, rebajando en 5 puntos la fiscalidad a la “vieja economía” y aumentando en 2 la de la “nueva economía”.
Llama la atención que en la exposición de motivos del proyecto de ley, la anulación de las deducciones fiscales se argumente sobre la base de la globalización, la competitividad internacional y la convergencia con la UE. Su puesta en vigor implicaría justamente lo contrario.
La “contrarreforma fiscal” que se nos propone supondría un nuevo e inmerecido castigo a un sector que, siendo el más abierto a la competencia e intensivo en innovación de nuestro país, se vería de nuevo negativamente discriminado –las telecomunicaciones sufren una sobrepresión fiscal injustificada– respecto de los demás sectores de nuestra economía.
No se entiende bien que un Gobierno que promete -¡y cumple!- incrementos de gasto público en I+D superiores al 25% anual, que incita a las empresas a aumentar todavía más su apuesta por la innovación y que trata de impulsar la convergencia con la UE en Sociedad de la Información, dé un giro verdaderamente copernicano a su política y decida, vía impositiva, castigar las empresas de la nueva economía mientras beneficia comparativamente a los sectores que menos contribuyen a la productividad y, por tanto, a la competitividad de la economía española.
En vez de la reforma fiscal en ciernes, lo que España necesita es: una rebaja del tipo del impuesto de sociedades aún mayor, para dejarlo en un 25% que nos permita competir con la UE; mantener las deducciones que favorecen a las empresas más competitivas, es decir, a las que más invierten en tecnología e innovación; reducir la injustificada sobrepresión fiscal que padecen las telecomunicaciones; y bajar considerablemente el coste de la seguridad social –¡casi el doble de la media de la UE y OCDE!– de las empresas.
Jesús Banegas Núñez, presidente de Aetic
