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Siete de cada diez ciudadanos considera que la Administración de Justicia tiene que mejorar

En su último informe, la AEC pide una modernización estructural que racionalice la inversión, aumente la eficiencia, la productividad y la transparencia a través de las tecnologías de la información.

Manuel Pimentel, presidente de AEC
Manuel Pimentel, presidente de AEC

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha presentado el informe sobre Justicia La Administración de Justicia en España en el siglo XXI, donde defiende un despliegue de la Justicia sin papel y en red para acabar con la lentitud de los procesos y trámites judiciales, mediante la implantación y el uso de nuevas tecnologías de la información.

Para ellos la Administración de Justicia no se ajusta al grado de eficacia y agilidad que la sociedad demanda y por ello hay que hacer una inversión rentable que aumente la productividad, simplifique el trabajo y los procesos judiciales y, consecuentemente, mejore la imagen de la Justicia como servicio público de calidad. Pero, sobre todo, ofrezca un mejor servicio al ciudadano.
Para esta transformación, en la que las empresas de consultoría se posicionan como socio fundamental, es necesario un Plan Estratégico que contemple la reducción de la carga de trabajo administrativo mediante la redefinición y optimización de los procesos. Además, es preciso implementar un uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr una Justicia en red y sin apeles, conectada y con la información accesible a todas las partes implicadas en el proceso.
En la actualidad, el 71% de los ciudadanos (según el Barómetro del Observatorio de Actividad de la Justicia de Wolters Kluwer) considera preciso mejorar los medios técnicos ya existentes; un 14% cree que es necesario incrementar el número de juzgados y otro 14% que deben aumentar tanto los medios técnicos como el número de juzgados. En cuanto a la inversión, España se sitúa en noveno lugar entre los países europeos, con una inversión de 91,4 euros por habitante, por encima de la media que se encuentra en 58,2 euros, aunque lejos de ser suficiente para conseguir la eficacia necesaria.
“La apuesta tecnológica es un proyecto económicamente viable, jurídicamente posible y técnicamente realizable, siempre que se vea respaldado por una decisión política, clara y coordinada”, ha dicho Manuel Pimentel, presidente de la AEC.
La AEC considera que, para que este cambio se haga efectivo, es necesario establecer un modelo colaborativo, para que la modernización de la Justicia no solo recaiga en la Administración, sino que el ámbito público y el privado compartan esa responsabilidad. Además, propone que las mejoras giren en torno al usuario, tanto final, como aquellos usuarios de los sistemas de la Administración de Justicia: jueces, magistrados, fiscales, etc.



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