Tecnología para promover la acción de la justicia
El departamento de justicia del Gobierno Vasco se moderniza
Después de superar con éxito el Plan de Informatización de la Administración de Justicia iniciado en 1988, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco está inmerso en su actual Plan de Informática y Telecomunicaciones que culminará a principios de 2003. El objetivo pasa por renovar los sistemas de información de los órganos judiciales del País Vasco con una aplicación avanzada para la gestión de expedientes judiciales que dará servicio a 2.200 usuarios. La proactividad legislativa con el ciudadano, la creación de salas de vistas multimedia y la renovación de los edificios judiciales, como el Palacio de Justicia de San Sebastián, son otros de sus hitos.
El nuevo Palacio de Justicia de Atotxa en San Sebastián no es un edificio cualquiera. Construido en 1932 como sede de escuelas municipales y más tarde reconvertido en hospital militar, ahora alberga en sus 22.561 metros cuadrados todos los juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Penal y Social, Contencioso Administrativo, el servicio común de notificaciones y la Fiscalía, así como la Oficina de Información del Ciudadano y catorce salas de vistas dotadas con la última tecnología. Una inversión de 22,84 millones de euros, que parte del Plan de Renovación de los edificios judiciales del Gobierno Vasco, han situado a la vanguardia judicial española a este emblemático inmueble.
Desde que en enero de 1988 el Gobierno Vasco asumiera la competencia para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, el objetivo estratégico de este ejecutivo autonómico ha sido modernizar tecnológica y funcionalmente los órganos judiciales. Un propósito que se ha materializado en el Plan de Informatización de la Administración de Justicia (PIAJ 1988-1995 y PINJ 1996-1999) y que continua con el actual Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales (PITJ 2000-2003).
Legitimidad centralizada
El ámbito de aplicación de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma del País Vasco contempla ofrecer servicios judiciales a una población de unos tres millones de habitantes que se reparten en tres territorios históricos o provinciales (Guipúzcoa, Bilbao y Alava), con catorce partidos judiciales, once localidades menores, unos 140 órganos judiciales y aproximadamente 2.200 usuarios a su servicio, entre magistrados, jueces, secretarios, fiscales y funcionarios. El primer obstáculo al que se enfrenta el PIAJ en 1988 es coordinar y centralizar las normas de trabajo de cada departamento, “la actitud general es que en cada centro se trabaje de una forma distinta, por lo que había que reorganizar el sistema en los juzgados”, explica Ana Molina Aldegarai, jefa de Servicios de Informática del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
El paso previo para lograrlo parte de la creación de comisiones mixtas para la reorganización de documentos, “que fue el principal sustento para la renovación judicial –puntualiza Molina-, de tal forma que actualmente existe una colección de 12.000 modelos de documentos, ubicados en sus correspondientes trámites judiciales. Además, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se han aportado estos documentos, a través del Centro de Documentación Judicial, que se están repartiendo por el resto de las comunidades autónomas de España”.
En el año 90 se implanta así el Servicio Común de Entrada de Documentos, que evita el desplazamiento a los juzgados de los profesionales que quieran presentar algún documento judicial y se realiza la migración a un entorno Oracle, con servidores Unix, aplicaciones C y bases de datos centralizadas en cada partido judicial que se comunican con líneas de datos de Telefónica. Cuatro años después se crea la Comisión Mixta de Informática, compuesta por la Dirección de relaciones con la Administración de Justicia, el responsable de Informática Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los tres presidentes de las audiencias judiciales y sus decanos, que se reúne trimestralmente para analizar y aprobar los nuevos proyectos del aplicativo informático.
Según Molina, “la creación de este órgano competente marcó la independencia necesaria entre lo que es el Gobierno Ejecutivo y el Poder Judicial y nos sirvió para adentrarnos amigablemente en un colectivo tan delicado y complejo como este”. La puesta en marcha de la Oficina Común de Tramitación y una aplicación para la gestión del personal fueron otros de los avances en el aplicativo informático de la Administración de Justicia del País Vasco.
Procedimientos al día
El plan 1996-1999 marca la renovación tecnológica especializada en la Administración de Justicia del País Vasco, con la integración de todas las fiscalías como proyecto prioritario. “Con ello logramos controlar y realizar el seguimiento de todos los procedimientos judiciales –explica la responsable de Servicios Informáticos-, ya que antes se hacía manualmente, además de consultar todos los asuntos que se realizan en los juzgados. También realizamos una experiencia pionera con el Tribunal Supremo para el intercambio de datos judiciales con XML, algo que el año que viene el Gobierno español piensa implantar en todas las comunidades”. Otra de las aplicaciones operativas es el Servicio Común de Consultas Registral, en el que se centralizan todas las solicitudes que realizan los juzgados, se tramitan y se distribuyen informáticamente. A ello se suma el Servicio de Información Documental, para que los jueces puedan consultar desde su puesto de trabajo toda la jurisprudencia propia, “una aplicación que se cambió y transformó recientemente a un entorno Oracle y HTML para hacerlo vía Internet, ya que era un servicio muy utilizado y en el que se recogía toda la jurisprudencia del Alto Tribunal, del Constitucional y la legislación del BOE y del BOPV, con enlaces a otros sistemas como Aranzadi o La Ley”, señala Ana Molina.
Una de las aportaciones que la Administración de Justicia del País Vasco ha realizado ha sido la del Test de Compatibilidad de las aplicaciones judiciales del Estado, “fuimos los pioneros en el año 99 y nuestra experiencia fue muy importante para el resto del Estado, ya que nosotros lo habíamos avanzado antes en nuestro aplicativo informático”.
Cambio y renovación
Pero sin duda, es el actual Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales (PITJ) 2000-2003 el que marca la clave en la implantación de las nuevas tecnologías, en las áreas interna, extranet y en la web con el portal Justizia.net. Los proyectos en materia de organización y calidad en las oficinas judiciales y fiscalías, así como la operatividad de la nueva sede de Atotxa en San Sebastián y el cambio de plataforma tecnológica son algunos de los objetivos marcados. “Nuestra aplicación cubre el 99% de las funcionalidades judiciales. De hecho, existen algunos partidos judiciales, como el de Vitoria, en el que no ves en el Registro ni un solo papel. Todo está informáticamente archivado y actualizado porque la aplicación lo cubre todo”, explica la responsable del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
La necesidad de cambiar a un entorno tecnológico más avanzado y multimedia, de tener un diseño únic
El nuevo Palacio de Justicia de Atotxa en San Sebastián no es un edificio cualquiera. Construido en 1932 como sede de escuelas municipales y más tarde reconvertido en hospital militar, ahora alberga en sus 22.561 metros cuadrados todos los juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Penal y Social, Contencioso Administrativo, el servicio común de notificaciones y la Fiscalía, así como la Oficina de Información del Ciudadano y catorce salas de vistas dotadas con la última tecnología. Una inversión de 22,84 millones de euros, que parte del Plan de Renovación de los edificios judiciales del Gobierno Vasco, han situado a la vanguardia judicial española a este emblemático inmueble.
Desde que en enero de 1988 el Gobierno Vasco asumiera la competencia para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, el objetivo estratégico de este ejecutivo autonómico ha sido modernizar tecnológica y funcionalmente los órganos judiciales. Un propósito que se ha materializado en el Plan de Informatización de la Administración de Justicia (PIAJ 1988-1995 y PINJ 1996-1999) y que continua con el actual Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales (PITJ 2000-2003).
Legitimidad centralizada
El ámbito de aplicación de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma del País Vasco contempla ofrecer servicios judiciales a una población de unos tres millones de habitantes que se reparten en tres territorios históricos o provinciales (Guipúzcoa, Bilbao y Alava), con catorce partidos judiciales, once localidades menores, unos 140 órganos judiciales y aproximadamente 2.200 usuarios a su servicio, entre magistrados, jueces, secretarios, fiscales y funcionarios. El primer obstáculo al que se enfrenta el PIAJ en 1988 es coordinar y centralizar las normas de trabajo de cada departamento, “la actitud general es que en cada centro se trabaje de una forma distinta, por lo que había que reorganizar el sistema en los juzgados”, explica Ana Molina Aldegarai, jefa de Servicios de Informática del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
El paso previo para lograrlo parte de la creación de comisiones mixtas para la reorganización de documentos, “que fue el principal sustento para la renovación judicial –puntualiza Molina-, de tal forma que actualmente existe una colección de 12.000 modelos de documentos, ubicados en sus correspondientes trámites judiciales. Además, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se han aportado estos documentos, a través del Centro de Documentación Judicial, que se están repartiendo por el resto de las comunidades autónomas de España”.
En el año 90 se implanta así el Servicio Común de Entrada de Documentos, que evita el desplazamiento a los juzgados de los profesionales que quieran presentar algún documento judicial y se realiza la migración a un entorno Oracle, con servidores Unix, aplicaciones C y bases de datos centralizadas en cada partido judicial que se comunican con líneas de datos de Telefónica. Cuatro años después se crea la Comisión Mixta de Informática, compuesta por la Dirección de relaciones con la Administración de Justicia, el responsable de Informática Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los tres presidentes de las audiencias judiciales y sus decanos, que se reúne trimestralmente para analizar y aprobar los nuevos proyectos del aplicativo informático.
Según Molina, “la creación de este órgano competente marcó la independencia necesaria entre lo que es el Gobierno Ejecutivo y el Poder Judicial y nos sirvió para adentrarnos amigablemente en un colectivo tan delicado y complejo como este”. La puesta en marcha de la Oficina Común de Tramitación y una aplicación para la gestión del personal fueron otros de los avances en el aplicativo informático de la Administración de Justicia del País Vasco.
Procedimientos al día
El plan 1996-1999 marca la renovación tecnológica especializada en la Administración de Justicia del País Vasco, con la integración de todas las fiscalías como proyecto prioritario. “Con ello logramos controlar y realizar el seguimiento de todos los procedimientos judiciales –explica la responsable de Servicios Informáticos-, ya que antes se hacía manualmente, además de consultar todos los asuntos que se realizan en los juzgados. También realizamos una experiencia pionera con el Tribunal Supremo para el intercambio de datos judiciales con XML, algo que el año que viene el Gobierno español piensa implantar en todas las comunidades”. Otra de las aplicaciones operativas es el Servicio Común de Consultas Registral, en el que se centralizan todas las solicitudes que realizan los juzgados, se tramitan y se distribuyen informáticamente. A ello se suma el Servicio de Información Documental, para que los jueces puedan consultar desde su puesto de trabajo toda la jurisprudencia propia, “una aplicación que se cambió y transformó recientemente a un entorno Oracle y HTML para hacerlo vía Internet, ya que era un servicio muy utilizado y en el que se recogía toda la jurisprudencia del Alto Tribunal, del Constitucional y la legislación del BOE y del BOPV, con enlaces a otros sistemas como Aranzadi o La Ley”, señala Ana Molina.
Una de las aportaciones que la Administración de Justicia del País Vasco ha realizado ha sido la del Test de Compatibilidad de las aplicaciones judiciales del Estado, “fuimos los pioneros en el año 99 y nuestra experiencia fue muy importante para el resto del Estado, ya que nosotros lo habíamos avanzado antes en nuestro aplicativo informático”.
Cambio y renovación
Pero sin duda, es el actual Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales (PITJ) 2000-2003 el que marca la clave en la implantación de las nuevas tecnologías, en las áreas interna, extranet y en la web con el portal Justizia.net. Los proyectos en materia de organización y calidad en las oficinas judiciales y fiscalías, así como la operatividad de la nueva sede de Atotxa en San Sebastián y el cambio de plataforma tecnológica son algunos de los objetivos marcados. “Nuestra aplicación cubre el 99% de las funcionalidades judiciales. De hecho, existen algunos partidos judiciales, como el de Vitoria, en el que no ves en el Registro ni un solo papel. Todo está informáticamente archivado y actualizado porque la aplicación lo cubre todo”, explica la responsable del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
La necesidad de cambiar a un entorno tecnológico más avanzado y multimedia, de tener un diseño únic
