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El Congreso ratifica definitivamente la nueva Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Una reforma que, en palabras de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, otorga “más garantías y derechos” a la comunidad científica e introduce mejoras en el sistema español de I+D+I.

Diana Morant
La ministra de Ciencia e Innovación celebra en el congreso la aprobación de la reforma.

En esta ocasión legislación e innovación caminan de la mano. El Congreso de los Diputados ha ratificado de manera definitiva la nueva Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Así, a través de su publicación final en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo reglamento entrará en vigor próximamente. En palabras de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la reforma brinda “más garantías y derechos” a la comunidad científica e innovadora e introduce importantes mejoras en el sistema español de I+D+I con el propósito de que las personas “tengan una vida digna en torno a la ciencia”. En este sentido, según han avanzado fuentes institucionales, la citada enmienda  blinda una financiación pública “estable y creciente” con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030 -y el 3% junto a la inversión privada-, de acuerdo con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.

 

Mejora carrera científica y técnica

Entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, la reforma recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I. Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Asimismo, el texto establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3. Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades. La reforma de la ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro país como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

 

Estimular la atracción de talento

La reforma recoge medidas para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación, con facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él. Además, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país. En esta misma línea la norma redefine el contrato del investigador distinguido para atraer personal científico de prestigio a España.

Con esta reforma, el personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. Por otra parte, se insta a las comunidades autónomas a incorporar categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de personal de investigación.

 

Reducción de cargas

Otro de los ejes de la reforma está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, el texto introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. La norma también está dirigida a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.

 

Brecha de género

El texto también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.

Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual. También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I.



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