El Gobierno defiende que la estrategia española en IA sigue las recomendaciones de la UE

La inteligencia artificial es la tecnología del momento. Pese a su antigüedad es ahora cuando está explotando de forma comercial gracias a los avances producidos en la capacidad de cómputo de los sistemas y en la conectividad, con el auge del llamado ‘internet de las cosas’. Ésta es también foco de todos los gobiernos del mundo, pues los avances que su uso pueden conllevar de cara a mejorar la eficiencia de las administraciones y la atención al ciudadano son incuestionables. El Ejecutivo español presentó el pasado mes de marzo en Granada –lo hizo el propio Pedro Sánchez– la Estrategia Española para la Inteligencia Artificial en I+D+i, un documento base sobre el que se elaborará la futura Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en cuya elaboración colaborarán once ministerios (aunque estos planes públicos están supeditados a los resultados de las próximas elecciones generales).

El escrito, elaborado en el seno de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial (GTIA) incorpora varias recomendaciones entre las que destaca la creación de un Instituto Nacional de Datos “que permita planificar y definir una gobernanza sobre los datos procedentes de los diferentes niveles de la Administración Pública”. Una medida que ha causado cierta preocupación en algunos sectores, tal y como ha apuntado algún medio de comunicación, señalando que este proyecto sería algo así como la creación de un ‘Gran Hermano’ con los datos de los ciudadanos.

Uso anónimo de los datos públicos

Preguntadas en concreto por esta iniciativa, fuentes del Ministerio de Ciencia puntualizan que la Estrategia de I+D+i realizada por expertos en inteligencia artificial de los ámbitos académico, industrial y empresarial “es una recomendación, no es una ley que obliga. De las seis recomendaciones que se realizan, la quinta es la creación del Instituto y habla específicamente del tratamiento de los datos abiertos y públicos (como, por ejemplo, los datos realtivos al acceso a servicios de transporte público, como metro, autobuses, etc. para detectar los puntos de máxima afluencia y gestionar un servicio adaptado a la demanda). Esa es la gestión de datos que incluye la estrategia, no son datos personales sino más bien estadísticos. Son datos  anónimos y su explotación se hace con el fin de mejorar los servicios públicos”, apuntan. No obstante, la creación del citado instituto está ahora siendo discutida por el Grupo de Trabajo creado por la Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica y Técnica.

Desde Ciencia recuerdan que “las Administraciones Públicas están continuamente utilizando los datos para mejorar la función pública y los servicios. La inteligencia artificial es una nueva forma de procesar datos masivamente (big data) y esto puede suponer nuevos riesgos que hay que anticipar y corregir si se detectan”.

Desde Europa, añaden las mismas fuentes, se insta que las aplicaciones de IA que se usen sobre datos de los ciudadanos de países miembros respeten en todo momento los derechos de los interesados. “Los poderes públicos y gobiernos deben tomar medidas centradas en evitar y mitigar los riesgos potenciales del procesamiento de datos individuales. En línea con estas Directrices es sobre la que se ha planteado la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Datos que permita definir una gobernanza adecuada sobre los datos abiertos y públicos”.

Directrices europeas

La UE ha elaborado unas directrices que garanticen y permitan que el desarrollo y uso de la IA respeten los derechos de privacidad y protección de datos. Estas deberán implementarlas los países miembros y suponen un conjunto de medidas de referencia que los gobiernos, los desarrolladores de IA, los fabricantes, y los proveedores de servicios deben seguir.

Con ellas se asegurará que las aplicaciones de IA no socaven la dignidad humana y los derechos humanos y libertades fundamentales de todos individuales. En particular, aquellos derechos relacionados con respecto al derecho a la protección de datos. Estos procesos de uso y gestión de datos deben basarse en los principios de legalidad, imparcialidad, especificación del propósito, proporcionalidad del procesamiento de datos, privacidad por diseño y por defecto, responsabilidad y demostración de cumplimiento (rendición de cuentas), transparencia, seguridad de datos y gestión de riesgos.