Tecnología | Noticias | 18 FEB 2019

El sector telco se queja a la fiscalía de discriminación

Las Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, ha reunido en una jornada sobre tributación a responsables públicos y privados en materia de fiscal, para analizar el impacto de las múltiples cargas impositivas que sufre el sector de la telecomunicaciones y empresas tecnológicas en España.
digitalES
Redacción

La situación en España ante el nuevo marco fiscal en relación con las telecos es delicada. Ante esto, DigitalES, Asociación Española para la Digitalización y patronal del sector tecnológico, ha celebrado este lunes una jornada de tributación del sector digital, para analizar esta realidad.

Los expertos vienen advirtiendo que las propuestas para regular los llamados servicios digitales tendrán consecuencias como la pérdida de competitividad, la sobrerregulación, la desincentivación de inversión, o la doble tributación.

En un debate conjunto con el subdirector general de Ordenación de las Telecomunicaciones dela SEAD, Lorenzo Avello, los principales responsables fiscales de los operadores como son Orange, Vodafone y Telefónica, han puesto de manifiesto su preocupación ante un sistema tributario excesivamente prolijo y complejo, que “pone en riesgo” su capacidad inversora, algo que resulta particularmente crítico de garantizar en un sector que demanda enormes inversiones. En 2016, las inversiones en desarrollo y despliegue de infraestructuras ascendieron a 5.600 millones de euros. La llegada del 5G supondrá además un nuevo ciclo inversor imprescindible para la transformación digital de todos los demás sectores de la economía.

Eduardo Serra, presidente de DigtialES, Eduardo Serra, destacó que existe una fuerte correlación entre el PIB per cápita y el nivel de digitalización de un país. “La economía digital representa el 5,6% del PIB de España, pero únicamente estamos capturando un 13,5% de su potencial”, señaló. “Si queremos seguir siendo el país europeo con mejores infraestructuras de telecomunicaciones es necesario que las grandes empresas tecnológicas con capacidad para ayudar en la digitalización del resto de sectores productivos, no se vean penalizadas por el afán recaudatorio de un sistema fiscal tan severo”.

Tal y como destacaron los operadores, el sector telco representa el 2,9% del PIB español, sin embargo, sus empresas aportan el 30% del IAE total recaudado por la AEAT por cuotas nacionales y provincialesMaría del Olmo, directora Fiscal Orange, señaló cómo este gravamen pone de manifiesto la “discriminación de la telefonía móvil con respecto a la telefonía fija, cuando ya son servicios convergentes en el mercado y el cliente es el mismo”. Elena Otero-Novas, directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa de Vodafone destacó que “el nivel de contribución del sector es muy elevado y no directamente relacionado con la capacidad económica del sector”. “El sector telco está discriminado fiscalmente con respecto a otros sectores”, señaló Otero-Novas. “El 20% del resultado de operaciones de estas compañías está destinado al pago de tributos”, lo que para la experta “atenta contra el principio de capacidad económica que según la constitución debe regir el sistema tributario”.

Los expertos destacaron que la existencia de distintos niveles de Administraciones públicas intervinientes provoca, además, una dispersión de esa tributación, propiciando en ocasiones duplicidad en figuras impositivas e inseguridad jurídica.

Uno de los ejemplos que se han visto es la tasa de RTVE que la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de RTVE estableció para las empresas de telecomunicaciones.  Alvaro Rico, responsable de Asesoría Fiscal de Telefónica España, destacó que “el 61% de presupuesto total de RTVE es financiado por los operadores”, los cuales soportan el 70% de la aportación establecida por la Ley de financiación con el gravamen sobre sus servicios de telecomunicaciones y de TV de pago. 

Las empresas coinciden en criticar la iniciativa unilateral del Gobierno a pesar de la lentitud de acuerdo e implantación del mecanismo comunitario, planteando un tributo cuyas características distan de las previstas en la propuesta de Directiva.

Según los expertos presentes, la finalidad de una figura impositiva de estas características no debería ser gravar a aquellas compañías establecidas en España, y que ya tributan por sus actividades en nuestro país, sino garantizar que todas las empresas que operan en el sector digital estén sujetas a las mismas obligaciones fiscales, para mitigar la discriminación actual existente entre unas y otras.



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