¿Valoramos nuestros datos?

¿Quién y cómo maneja nuestros datos? ¿Nos espían? ¿Nos importa?

La sociedad empieza a ser consciente de que el uso que hacemos de internet no es ‘gratuito’. Sabemos que el precio a pagar son nuestros datos y aquí es donde empieza la disputa entre si nos importa o no. Dadas las noticias de los últimos años sobre filtraciones de datos y su manejo, hay motivos de sobra para desconfiar. 

En enero, en la reunión global en Davos, Ipsos, empresa especializada en investigación de mercados, y el World economic Forum dieron a conocer la primera entrega de un estudio de seguimiento global sobre la aceptación de la tecnología de la información por parte de los consumidores. El informe titulado Global Citizens and Data Privacy destacaba la falta generalizada de conocimiento y los bajos niveles de confianza en el uso de datos personales por parte de empresas y gobiernos. La mayoría de los adultos encuestados en todo el mundo reconocen saber poco o nada sobre la cantidad de datos personales que poseen las empresas y los gobiernos y cómo los utilizan. Solo uno de cada tres adultos en todo el mundo tiene una buena idea de la cantidad de datos personales que tienen las empresas (35%) o lo que hacen con ellos (32%), pero aún menos tienen una idea clara de la cantidad de datos personales que tienen las autoridades locales y nacionales (27%) o qué hacen con ellos (23%).

Una de las noticias que ha levantado más polémica en el panorama nacional fue cuando el pasado noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE), analizó los datos de movilidad de los ciudadanos en base al móvil utilizando los datos de Movistar, Vodafone y Orange. Una acción que se repetirá en días señalados, como la Navidad, para hacerse una idea de los patrones de movilidad de los españoles.  El anuncio de este estudio levantó ampollas entre un sector de la población y del sector de la abogacía que se preguntaba si esta metodología era legal y cumplía con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y, por tanto, con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, de sus siglas inglesas) europeo. Según explicó Borja Adsuara, abogado especialista en derecho digital, a CSO España, sí es legal. “La iniciativa es legal si se utilizan datos disociados y agregados, porque ya no son personales, es decir, asociados a una persona física identificable”. El experto ha querido salir al paso de la polémica y apunta a que “hay que hacer un esfuerzo en pedagogía para tranquilizarnos a todos un poco”. Pese a ello, la reacción de la ciudadanía no es del todo positiva. 

“Como usuarios aún no estamos concienciados del uso que se hace de nuestros datos, pero estamos camino de ello. Los usuarios estamos aún en una fase donde nos prima más la gratuidad que la importancia de los datos que prestamos a cambio” explica Alberto Bellé analista de IDG Research Services.