El Gobierno aprueba la nueva Ley General de Telecomunicaciones

La nueva ley –según Industria– busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de la economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del

usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias. Además, la nueva ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.

El proyecto de ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como la

penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.

Las reformas estructurales introducidas en el proyecto de ley pretenden en concreto, de acuerdo con el Ministerio de Industria, facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura, así como mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.

En el proyecto de ley se recoge la realización de forma periódica de análisis de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado. Se mejoran además los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas.

Asimismo, se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones, y se crea una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y

salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental. Se refuerza también la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la

Información.

Unidad de mercado

Otro de los puntos del proyecto de ley  es la recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas en toda España. Para ello se diseñan nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y las entidades locales para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones. Se establece asimismo requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

En cuanto a simplificación administrativa, se eliminarán las barreras normativas que las distintas Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, y se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico. Igualmente se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.

Para facilitar el despliegue de redes se reducen los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de

costes. Se facilitará asimismo el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que si un

residente desea contratar este tipo de servicios, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionarlo.

Otras modificaciones

La nueva ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

introduciendo precisiones sobre las cookies. En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como por ejemplo las redes publicitarias o agencias que no hubieran

adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.

El texto cambia a su vez la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora.