La AUI denuncia al Gobierno español por ocultar a la UE la 'tasa Google'

El polémico artículo 32.2 no fue notificado a la Comisión Europea al tratarse de un ‘proyecto de reglamentación técnica’. Por ello, según la AUI, su aprobación deberá ser aplazada hasta que se cuente con la efectiva aprobación de la Comisión, en los términos recogidos en la Directiva 98/34 CE. El hecho de que España notificara a la Comisión una versión inicial del proyecto de ley no exime de la obligación de notificar la modificación concreta del artículo 32.2 de la LPI, que se propuso a posteriori dada su importancia y relevancia.

El incumplimiento por parte de las autoridades españolas de su obligación de notificación constituiría una infracción del artículo 8 de la Directiva 98/34/ y del artículo 4.3 TUE. Además, puede implicar que el ‘Canon Agregadores’ no se pueda hacer valer contra las empresas que tienen que pagar la compensación, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.

“Hemos decidido interponer esta denuncia para frenar esta incomprensible reforma de la LPI. Consideramos que toda ella es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet. Una reforma que contraviene varias directivas y tratados europeos y que nos llevaría a ser el primer país del mundo en el que el autor de un contenido no pudiese disponer que pueda usarse libre y gratuitamente por otros”, afirma Miguel Pérez Subías, presidente de AUI.

La AUI es miembro activo de la plataforma todoscontraelcanon.org, compuesta por 34 organizaciones. Desde su creación en contra del canon digital ha recogido 1.004.209 firmas individuales; 4.368 firmas colectivas en nombre de 1.162.815 ciudadanos, y 29 Ayuntamientos, que representan a 1.286.910 ciudadanos.