Aprobada la nueva Ley General de las Telecomunicaciones a pesar de los plazos de Bruselas

La nueva Ley de Telecomunicaciones que viene a sustituir a la de 2014 cada vez está más cerca de materializarse. El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones ha sido aprobado este jueves en el Pleno del Congreso y ha sido enviado al Senado para completar su tramitación con el apoyo del PP y Ciudadanos, y la abstención de los socios habituales del Gobierno, como Esquerra Republicana, PNV y EH-Bildu. Pese a esto, la legislación en materia de telecomunicaciones y tecnología parece que ha vuelto a unir a la clase política de nuestro país al ser aprobada también en la misma sesión la Ley de Ciberseguridad 5G con una amplia mayoría. La nueva normativa incorpora al ordenamiento jurídico interno las directivas europeas de Mejor Regulación y de Derechos de los Ciudadanos que, junto al Reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, integran el Paquete Telecom aprobado en noviembre de 2009.

Las modificaciones incorporadas proporcionan mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores, mejoran la protección de los derechos de los usuarios y refuerzan las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Estos son sus principales puntos clave.

Novedades de la ley

La Ley General de Telecomunicaciones es un texto regulatorio con un carácter bastante técnico. De hecho, el propio secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, ha señalado en alguna ocasión que "no es muy rompedor". No obstante, se trata de una legislación con "una enorme trascendencia". Entre las novedades que trae la ley se incluyen una reforma del servicio universal de telecomunicaciones, una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico, entre otras. También incluye un conjunto de medidas destinadas a mejorar la transparencia de los contratos y la creación de un régimen de autorización de cables submarinos.

Otra de las novedades reside en la previsión legal de contar con un punto de gestión única para acceder a información sobre condiciones, procedimientos y obligaciones tributarias en el despliegue de las redes de comunicaciones —el proyecto dejaba abierta esta posibilidad—. También se habilita a las administraciones públicas a prestar directamente servicios de telecomunicaciones, así como a instalar, desplegar y explotar redes sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora. Asimismo se asegura que las administraciones competentes puedan exigir compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras de su titularidad.

Al ser preguntados al respecto, fuentes de DigitalEs han asegurado no haber tomado "ninguna postura al respecto" ya que "los analistas jurídicos se están tomando su tiempo para analizar la norma con un poco más de prudencia". Lo único evidente, han revelado por el momento, es que su aprobación, alejada "de grandes sorpresas y sustos" supone "un paso al frente" en la materia. 

Fuera de plazo

Lo cierto es que no todo son buenas noticias en torno a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones ya que el texto llega a la Cámara Baja con un retraso significativo. Cuando se presentó el borrador en septiembre de 2020, desde el Gobierno se indicó que la intención era que estuviera aprobada en la primera mitad de 2021.  Sin embargo, el Proyecto de Ley no llegó al Consejo de Ministros hasta noviembre de ese mismo año. La solicitud de aprobación por la vía de urgencia permite acortar los plazos de su paso al Senado. Uno de los motivos es que la Ley lleva a cabo la transposición al reglamento español del Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE. Algo que tenía que haber estado completado el 21 de diciembre de 2020, según los plazos fijados por la Comisión Europea (CE).