Tendencias | Noticias | 21 SEP 2018

David Bravo: "Hoy parece muy improbable una movilización ciudadana como la que se produjo con la Ley Sinde"

El PSOE, Ciudadanos y el PP han presentado una enmienda conjunta en el BOCG para poder cerrar páginas web sin necesidad de control judicial, continuando el proceso de apartar a los jueces en asuntos relacionados con la propiedad intelectual en la red.
internet copyright stop
Cristina Cueto García

Tras aprobar la Comisión Europea la Directiva de Copyright, el siguiente paso está en mano de los diferentes gobiernos. En España las cosas no pintan bien y menos después de la última enmienda presentada de forma conjunta por el PSOE, Ciudadanos y el PP en el BOCG donde se plantea la posibilidad de poder cerrar webs sin necesidad de control judicial. 

Según David Bravo, abogado informático, esto es la "culminación de este proceso de apartar a los jueces en asuntos relacionados con la propiedad intelectual en internet, que se inició con la Ley Sinde en un contexto en el que la industria perdía todos los juicios y necesitaba soluciones. El pequeño control judicial que preveía la Ley Sinde, y que se logró gracias a las protestas ciudadanas, es insuficiente y con estas enmiendas pasará a ser inexistente".

Ante esto, la pregunta es ¿cómo puede afectar esto a los usuarios? Tal y como explica Bravo, los usuarios se encontrarán con que las páginas webs que visitan pueden ser cerradas si un órgano administrativo, y no un juez, considera que infringen la propiedad intelectual. Por su parte, los titulares de estas páginas, que habitualmente ganaban sus procedimientos ante los jueces, ahora verán que se les puede bloquear la web sin ver a ninguno durante todo el procedimiento administrativo.

La semana pasada la Comisión Europea aprobó la directiva del copyright que va a suponer un cambio de modelo en internet. Algunos de los europarlamentarios se expresaron diciendo que consideraban necesario un 'control de la red' pero ¿es realmente así? Según David Bravo, no debe haber un “control de la red”. "Lo que sí debe hacerse es castigarse y perseguirse los actos que sean ilícitos del mismo modo que sucede en el mundo físico". El problema radica en que "lo que se pretende son leyes especiales para internet precisamente porque el control de la información en medios distintos a internet ya lo tienen", ya sea porque la propiedad de estos pertenece a grandes corporaciones que responden a sus intereses de maximización del beneficio o porque sus informaciones están condicionadas por los clientes de estos medios, que no son los lectores ni oyentes sino las grandes empresas publicitarias.

Ante el descontento general que se está levantando con este tema, donde diferentes organizaciones como la Asociación de Internautas o FACUA han manifestado su desacuerdo con la nueva normativa , Bravo no descarta que los políticos rectifiquen ante una movilización ciudadana, tal y como ya ocurrió con la Ley Sinde, pero es algo que "actualmente está muy lejos de suceder" y añade "hoy se tiene la percepción errónea de que las libertades que quedan en internet están suficientemente solidificadas y que no corren peligro ni merecen demasiada atención. Esta idea de que la batalla está ganada en lo esencial es lo que promueve estas iniciativas a nivel nacional y europeo, que ven ahora que la guardia está baja y que a nadie parece importarle ya este asunto".

Con esta situación el futuro de la red tal y como la conocemos se encuentra en un limbo. "El futuro es una construcción social en el que intervienen varios actores, tanto los que promueven estas iniciativas liberticidas como los que las combaten. Nadie sabe el futuro que nos espera, porque depende enteramente de nosotros y se está decidiendo hoy", concluye Bravo. 

 



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