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El COIT se posiciona a favor de los costes compartidos de red para asegurar la inversión en infraestructura

Los ingenieros en telecomunicaciones presentaron sus alegaciones a la consulta pública de la Comisión Europea sobre el llamado 'fair share', que finalizó el pasado viernes.

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El pasado viernes, la Comisión Europea dio por finalizada la consulta pública dedicada a escuchar las opiniones de la industria respecto al debate sobre los costes compartidos de red. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) presentó sus alegaciones en la ocasión, en las que se posicionó a favor del llamado ‘fair share’ o ‘contribución justa’ de las plataformas de contenidos (OTT, por sus siglas en inglés) a la red de telecomunicaciones.

En sus argumentos, el órgano representante de los ingenieros telco llamó a “considerar como objetivos básicos asegurar la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones presentes y futuras y la protección a los usuarios, con especial atención a los que por sus características (p.ej. geográficas) puedan considerarse como más vulnerables”.

En ese sentido, destacó que, según la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO), para 2030 existirá un déficit de financiación en las redes de aproximadamente 174.000 millones de euros, lo que provocará que 45 millones de europeos se queden sin banda ancha. “Es necesario, por tanto, tomar medidas para reforzar la posición de las empresas de telecomunicaciones de la UE si se quieren alcanzar los objetivos de la Década Digital”, sostuvo.

El COIT también afirmó que la normativa actual no promueve la realización de las inversiones necesarias para garantizar un entorno digital sólido en la UE, por lo que llama a habilitar un mecanismo y un sistema de supervisión que permitan la “contribución justa y proporcionada” de todos los actores del mercado. 

Así, agregaron que “sería relevante contar con entidades neutrales con un conocimiento profundo del mercado de las telecomunicaciones que puedan asesorar a las autoridades nacionales en la consecución de los objetivos técnicos y sociales de la contribución justa” y, de esta forma, “garantizar la sostenibilidad de las redes europeas y fomentar el desarrollo de un entorno digital competitivo y accesible”.



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