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Unión Europea

El Consejo de ministros aprueba el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

La norma transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

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El Consejo de ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Hay que constatar que el texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, de ahí que regule, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Entre las novedades introducidas en la nueva normativa destacan medidas tales como la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT); la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad; o la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil.

En consecuencia, el proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.

Incluso, el texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de coinversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas; e incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells), necesarias para el 5G, con muchas menos cargas administrativas y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

En otro orden de cosas, el proyecto de ley refuerza los derechos de los usuarios españoles, que se armonizan con el conjunto de la Unión Europea. Entre otras medidas, se mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas en un resumen con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que, tras ese período, el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización. Por primera vez se regulan los contratos de paquetes de servicios, de especial importancia, ya que representan la inmensa mayoría de las suscripciones de los hogares en España.

Con esta nueva regulación, el usuario verá que su contrato de telecomunicaciones se trata de manera uniforme sin que se le apliquen distintas normativas sectoriales, aunque incluya otros servicios, como es el caso de la televisión.

Finalmente, en el ámbito de la portabilidad se introducen nuevos derechos de los usuarios, como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato; y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.



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Fernando Rubio Román, CTO de Microsoft España. TECNOLOGÍA
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