Facua critica que el Gobierno no transfiera LexNet al Poder Judicial como apoyó en su etapa en la oposición

LexNet, el sistema telemático para gestionar las notificaciones entre los juzgados y los profesionales del sector, cayó a finales de julio del 2017 tras descubrirse  vulnerabilidades informáticas. Todo el colectivo de profesionales pidió explicaciones al Ministerio calificando este acontecimiento como "la mayor chapuza informática de los últimos años", un fallo que perjudica al sistema judicial y a su seguridad informática dejando al descubierto miles de procesos legales.

En este sentido, el PSOE apoyó el traspaso cuando estaba en la oposición para "acotar la separación de poderes". Ahora, el Ejecutivo dice que su control por el Ministerio no perjudica la independencia judicial. Así pues, FACUA vuelve a dar un golpe en la mesa por la decisión del Gobierno a no transferir Lexnet al Poder Judicial y siga gestionándolo Justicia.

El cambio de posición del PSOE con respecto a la gestión de LexNet se ha conocido a través de una respuesta del Gobierno a una pregunta realizada por el senador de Podemos Joan Comorera. En ella, el Ejecutivo de Sánchez niega que la separación de poderes se vea afectada por "el hecho de que los medios personales y materiales (incluyendo aquellos electrónicos) sean proporcionados por las administraciones prestacionales, esto es, por el Ministerio de Justicia y por doce Comunidades Autónomas", a la vez que ha recordado que el reparto competencial fue avalado por el Tribunal Constitucional. Además, el Ejecutivo también ha comunicado que la normativa recoge que las administraciones públicas sólo podrán hacer uso de la información extraída del fichero, nunca de este, y tras una decisión que adopten sus órganos en cumplimiento de las competencias que les atribuya el ordenamiento jurídico. 

La asociación considera imprescindible que, para garantizar la independencia del Poder Judicial, el control de un sistema como LexNet esté exclusivamente en manos de este. Para FACUA no puede existir separación de poderes cuando el Gobierno tiene acceso a toda la información sobre procedimientos judiciales de sus ciudadanos, así como a las distintas causas que llevan jueces y abogados. Esto puede provocar que el Ejecutivo tenga la capacidad de fiscalizar la judicatura e influir en ella, al conocer al detalle los casos que llevan a cabo.

FACUA también critica que se le ha quitado el control de los procedimientos judiciales a los propios juzgados ya que, de ser los encargados de recepcionar y custodiar la documentación, ahora pasa a manos del sistema informático, además de permitir al Ejecutivo controlar una información a la que no debería tener acceso.