La Administración española necesita mejorar en transformación digital
Así lo concluye un informe de EY que analiza el desarrollo digital de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos desde la perspectiva del usuario y lo compara con las obligaciones legales que existen al respecto.
La madurez digital de las administraciones públicas españolas desde el punto de vista del usuario deja mucho que desear. Así lo pone de manifiesto el informe “La Administración Digital en España”, elaborado por la firma consultora EY. En el documento se insta a que las administraciones públicas españolas aborden un plan estratégico integral de transformación digital que les permita adaptarse a la nueva realidad que necesitan ciudadanos y empresas. Una exigencia, recuerda el estudio, recogida por ley, en concreto en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Normativas que “aún está lejos de cumplirse”.
Todas las entidades del sector público analizadas por EY (17 comunidades autónomas, 52 diputaciones y cabildos y 21 de los ayuntamientos principales) suspenden en la actualidad el cumplimiento de los requerimientos básicos que recogen ambas leyes, que sientan las bases para el funcionamiento digital de las administraciones en España.
Aunque la implantación de ambas normas es progresiva (deben estar en vigor en su totalidad en octubre de 2020, tras la moratoria aprobada a finales de 2018), Manuel Márquez, responsable de consultoría de sector público de EY, recuerda que “es de vital importancia que se evalúen los planes ya fijados, los presupuestos destinados y se marquen objetivos ambiciosos. De no ser así, no será posible cumplir con los plazos que marca la ley, además del negativo impacto que ello conlleva en la relación de ciudadanos y empresas con la administración, que afectan a múltiples ámbitos”.
Las administraciones más cumplidoras
EY analiza en el estudio si se cumplen los 132 requerimientos incluidos en ambas leyes y los avances conseguidos, desde el punto de vista de un usuario externo, en portal web; sede electrónica; asistencia al ciudadano y a las empresas; identidad digital y firma electrónica; representación y registro electrónico, y comunicación y notificaciones.
Las comunidades autónomas cumplen de media el 77% de los requerimientos básicos contenidos en dichas leyes. El País Vasco es la comunidad autónoma más avanzada en funcionamiento digital (cumple el 94,7% de estas exigencias), seguido de Galicia (94,2%), Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%). A la cola están Extremadura (la región con peor desempeño al cumplir menos de la mitad de los requerimientos básicos, un 47,9%), seguida de Aragón (51,2%), Navarra (66,5%), La Rioja (67,4%) y Castilla-La Mancha (71,4%).
Respecto a las diputaciones y cabildos, el estudio apunta que se cumplen de media el 64% de los requerimientos básicos. Las Diputaciones de Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Vizcaya y el Cabildo de Gran Canaria son (por este orden) las que más se acercan a la digitalización básica que exigirá la Ley en 2020 al cumplir entre el 96,5% y el 81,4% de las exigencias contenidas en estas leyes. En el lado contrario figuran el Cabildo de La Gomera y las Diputaciones de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Soria con porcentajes de cumplimiento que oscilan entre el 0,9% y el 37,2%.
En el caso de los ayuntamientos, la media de cumplimiento básico es de un 64,5%. El consistorio de Valencia es el que mejor adecúa sus procedimientos digitales a los requerimientos básicos que marca la normativa (cumple el 87%), seguido de Hospitalet (82,8%), Madrid y Málaga (ambos con un 81,4%), y Barcelona (79,1%). Los más retrasados son los ayuntamientos de Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña, llegando a cumplir en el primer caso tan solo el 0,5% de las obligaciones básicas.
