Organizaciones y eurodiputados advierten sobre los riesgos de imponer un 'fair share' en la red

El debate en torno a los costes compartidos de red no cesa. Después de que el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona fuera el escenario para que tanto operadoras como plataformas de contenido (OTT, por sus siglas en inglés) expusieran sus argumentos a favor y en contra de aplicar un impuesto a estas últimas por su acaparamiento del tráfico de la red, esta semana un grupo de empresas y organizaciones han firmado una carta declarando su preocupación por el impacto negativo que el llamado ‘fair share’ tendría en la competencia y en los usuarios. A ellas se sumaron seis miembros del Parlamento Europeo, que publicaron su propia declaración en apoyo a la misiva, advirtiendo sobre los riesgos que podría implicar la imposición de esta medida.

La carta, firmada por 50 organizaciones que representan a la sociedad civil, grupos de consumo, sector del entretenimiento y de las telecomunicaciones (entre las que se encuentran la Organización Europea de Consumidores, European Digital Rights o EDRi, Electronic Frontier Foundation o EFF, Motion Picture Association y MVNO Europe), comienza valorando la decisión de la Unión Europea de realizar una consulta pública sobre el impuesto a la red para los proveedores de contenido y tecnología, en la cual muchos de ellos pretenden contribuir. Sin embargo, afirma que “tememos que el proceso pueda llevar a conclusiones erróneas sobre la necesidad y las consecuencias de una tasa de red”. 

Así, la misiva asegura que un mecanismo de pagos directos a los operadores tradicionales de telecomunicaciones “tendría consecuencias negativas inmediatas y de gran alcance, no sólo para las empresas europeas, sino también para los intereses de los consumidores”, ya que “repercutiría directamente en los costes y la capacidad de elección de los consumidores, con consecuencias negativas de gran alcance sobre la diversidad y la calidad de los productos y servicios”. Por eso, las organizaciones llaman a que las instituciones europeas “se abstengan de introducir una medida tan contraproducente”.

En esta línea, la carta continúa afirmando que “no hay pruebas de que exista un problema real o un fallo del mercado en el sector de las telecomunicaciones. No ha habido pruebas creíbles que justifiquen la imposición de una tasa de red de este tipo”. Los firmantes exponen que el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), en su evaluación preliminar de la propuesta, sostuvo que “internet ha demostrado su capacidad para hacer frente al aumento de los volúmenes de tráfico, los cambios en los patrones de demanda, la tecnología, los modelos de negocio, así como en el poder de mercado (relativo) entre los agentes del mercado” y que “hay suficiente capital disponible para invertir en redes de fibra, especialmente por parte de inversores privados”.

Adicionalmente, las organizaciones exponen que “las contribuciones directas basadas en el tráfico plantean graves problemas de competencia. Por ejemplo, los pagos adicionales a los operadores históricos aumentarían la brecha de rentabilidad que ya existe entre los operadores de telecomunicaciones tradicionales y los operadores alternativos más pequeños y los OMV [Operadores Móviles Virtuales], por no hablar de todos los demás proveedores de servicios (es decir, de contenidos) que dependen de sus redes y proporcionan una competencia y unas posibilidades de elección vitales para los consumidores”. 

“Además, el sistema de cánones propuesto no garantiza que los beneficios repercutan en los consumidores en forma de precios más bajos o mejores infraestructuras. De hecho, reforzaría la agenda de los operadores de telecomunicaciones dominantes, crearía los denominados monopolios de terminación y falsearía la competencia, desincentivando así a otros agentes a invertir en infraestructuras o distribución de contenidos”, añaden.

Concluyen que “los usuarios de Internet y de las redes móviles son los protagonistas del debate, no los proveedores de contenidos. Los consumidores acceden a los contenidos (y, por tanto, impulsan el tráfico y la utilización de Internet), por lo que la tasa sería efectivamente una tasa sobre el comportamiento y la elección de los consumidores. Los consumidores, que ya pagan por sus abonos de banda ancha (de alta velocidad), probablemente tendrían que pagar el doble, si no más, por un servicio de Internet de igual o menor calidad”.

Por todo lo anterior, los firmantes llaman a los tomadores de decisiones europeos que se posicionen en contra del ‘fair share’, ya que “el sistema actual es sostenible y se basa en el éxito compartido de los operadores de telecomunicaciones, la distribución de contenidos y la elección del consumidor”.

El triunfo del lobby

Algunos de los firmantes expresaron su preocupación ante el triunfo del lobby de las grandes operadoras. Thomas Lohninger, de la ONG de derechos digitales Epicenter.works, sentenció que “nunca en la última década la Comisión Europea había aparecido tan capturada por intereses especiales y mostrado tal falta de respeto por sus propios principios de diligencia debida. El ex consejero delegado de France Telecom y actual comisario Thierry Breton parece decidido a sacrificar las opciones de los consumidores, la competencia y la Internet abierta en aras de los beneficios de la industria de las telecomunicaciones”. 

Tom Smyth, CEO de Wireless Connect, se sumó a las declaraciones de Lohninger y apuntó que “la falsa premisa en la que se basa esta consulta es un triunfo de los grupos de presión sobre la lógica, a instancias de las grandes telecos. Las pymes y los consumidores se enfrentan a una amenaza sin precedentes para la competencia leal en el acceso a Internet en el mercado interior. ¿Por qué los pequeños proveedores de servicios de Internet (ISP) pueden crecer basándose en un modelo de negocio en el que el cliente paga una vez por dar a los consumidores acceso a los contenidos de Internet que el cliente desea y, sin embargo, algunos grandes ISP afirman que ese modelo está roto y quieren que se les pague una segunda vez por lo que sus clientes ya han pagado?".

En tanto, Ursula Pachl, directora general adjunta de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), puntualizó que “un sistema de pago directo de cánones de red no es la solución adecuada para lograr una conectividad de alta calidad y asequible para los consumidores. Nos preocupan sus efectos negativos sobre la competencia y la neutralidad de la red. Dado que los reguladores de telecomunicaciones corroboran que no hay pruebas que justifiquen este mecanismo, se correría el riesgo de que fuera la solución equivocada para el problema equivocado. Esperamos que la Comisión Europea saque las consecuencias y no siga adelante con esta idea".

Los eurodiputados suman su apoyo

Tras la publicación de la carta, los miembros del Parlamento Europeo Patrick Breyer, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Süleyman Zorba, Cristian Terhes y Cornelia Ernst, valoraron las declaraciones de las organizaciones firmantes y añadieron que “la propuesta de una tasa de red ‘equitativa’ corre el riesgo de socavar el buen funcionamiento de la economía europea de Internet, donde la inversión en servicios de Internet ha crecido con éxito gracias al suministro de contenidos a los consumidores europeos”. 

En consecuencia, los eurodiputados “deseamos expresar nuestra preocupación por el planteamiento de la Comisión sobre las tasas de red, que corre el riesgo de tener repercusiones sin precedentes en la neutralidad de la red, la salud de la competencia y los contenidos, así como en el bienestar, la capacidad de elección y los costes de los consumidores”.