Proveedores de Internet alertan que la compartición de costes de red podría crear una “debilidad sistémica”

Si hay una batalla con solera dentro del campo de las telecomunicaciones es, indiscutiblemente, la compartición de los costes de red. El careo entre operadoras y agentes OTT (Over the top, término anglosajón empleado para designar a las grandes plataformas de contenidos digitales) ha sobrepasado fronteras implicando a nuevos actores en la escena. El último en sumarse a la discordia ha sido la Asociación Europea de Intercambio de Internet (Euro-IX). El grupo que representa a los proveedores de servicios de Internet en territorio europeo ha alertado que una propuesta para hacer que las Big Tech asuman los costes de red de telecomunicaciones podría crear una debilidad sistémica en la infraestructura crítica.

Una maniobra que se produce después de las reiteradas presiones de las operadoras de telecomunicaciones para que la Unión Europea tome cartas en el asunto e implemente nuevas leyes que permitan la denominada “compartición justa”. De esta forma, alegando que conducen gran parte del tráfico de Internet en la región, empresas como Google, Facebook o Netflix habrían de asumir parte de los costes de las redes de telecomunicaciones en Europa.

Riesgos implícitos

Fue en septiembre del ya caduco 2022 cuando el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Thierry Breton anunció que Bruselas llevaría a consulta pública los “pagos de participación justa” a comienzos de 2023, como antesala a una futura legislación. Ahora, sin embargo, la Euro-IX ha alertado que las propuestas corrían el riesgo de reducir la calidad del servicio para los usuarios de Internet en toda Europa y podrían "crear accidentalmente nuevas debilidades sistémicas" en la infraestructura crítica, en una misiva dirigida a Breton y a la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager.

"Internet es un ecosistema complejo, y son los responsables políticos los responsables en última instancia de los efectos sistémicos resultantes de las decisiones políticas", escribió Bijal Sanghani, director general de Euro-IX. Siguiendo esta misma línea agregó que los legisladores no deberían priorizar las "normas administrativas [sobre] la necesidad técnica o una Internet de alta calidad" para aquellos en Europa.

Los críticos del modelo SPNP (Sending Party Network Pays) propuesto han advertido que el llamado "impuesto de tráfico" podría llevar a plataformas basadas en contenido a enrutar sus servicios a través de ISP (proveedores de servicios de Internet) fuera de la UE. Esto podría tener un efecto dominó para los usuarios en Europa, con plataformas que podrían comprometer la calidad y la seguridad en aras de evitar tarifas. Alternativamente, las Big Tech podrían asumir las tarifas pero optar por transferir los costes a los usuarios finales.